El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la sentencia dictada en 2022 por la Audiencia Nacional en el denominado sumario 13/13, que condena a varias personas por su vinculación con la asistencia jurídica y social a presos vascos. Entre las personas condenadas se encuentra Arantza Zulueta, afiliada al sindicato LAB, junto a otros tres miembros que desarrollaron labores de apoyo legal y social.
LAB ha calificado de «absolutamente grave» la resolución conocida hoy y ha afirmado que resulta contraria a la voluntad de la ciudadanía vasca de avanzar hacia una convivencia democrática. A juicio del sindicato, la construcción de ese marco de convivencia pasa necesariamente por la garantía de los derechos de todas las personas, algo que —sostiene— sentencias de este tipo «pretenden obstaculizar».
Según LAB, la propia causa 13/13 tuvo desde su inicio ese objetivo, tal y como denunció la organización sindical en su momento. En este sentido, considera imprescindible poner fin a la «situación excepcional» que viven los presos vascos para avanzar en una convivencia democrática, y recuerda que las personas procesadas fueron juzgadas, precisamente, por su trabajo en favor de ese propósito. Por ello, LAB sostiene que el juicio no debería haberse celebrado.
El sindicato también ha subrayado que el proceso judicial ha estado marcado por denuncias de torturas e irregularidades. Algunas de estas denuncias fueron reiteradas por las personas acusadas durante la celebración del juicio, si bien el Tribunal Supremo ha cuestionado ahora su credibilidad.
Ante esta situación, LAB ha expresado su solidaridad y apoyo a las personas condenadas y ha anunciado su respaldo a las movilizaciones convocadas para denunciar la sentencia. Asimismo, ha realizado un llamamiento a participar en la manifestación nacional prevista para este sábado en Bilbao en defensa de los derechos de los presos y de una resolución integral.
