El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al departamento de Interior, Función Pública y Justicia que adopte medidas para garantizar una respuesta más ágil y completa ante casos de violencia de género, tras detectar deficiencias en la actuación de la Policía Foral de Navarra.
La resolución, emitida el pasado 27 de febrero, tiene su origen en la queja de una víctima que denunció un quebrantamiento de una orden de alejamiento y criticó tanto el retraso en la tramitación de su denuncia como la valoración policial del riesgo realizada en su caso.
Según recoge el expediente, la denuncia fue presentada el 5 de septiembre de 2025, pero no fue remitida al juzgado competente hasta el día 18, un retraso que la propia Administración atribuyó a una “disfunción puntual de coordinación interna” tras cambios en el sistema de envío de diligencias. Aunque el departamento aseguró haber corregido esta incidencia, el Defensor subraya la necesidad de que este tipo de denuncias se trasladen “con la mayor celeridad e inmediatez”, tal y como exige la normativa.
La institución recuerda que, especialmente en situaciones de quebrantamiento de órdenes de protección, la rapidez en la comunicación judicial resulta clave para garantizar la seguridad de las víctimas.
Además, la resolución pone el foco en las evaluaciones policiales del riesgo. En este caso, la víctima mostró su disconformidad con dos valoraciones —que rebajaron el nivel de riesgo— realizadas, según expuso, mediante breves llamadas telefónicas y sin comunicación posterior del resultado.
A juicio del Defensor, si las valoraciones se efectuaron en esas condiciones, el método resulta insuficiente. Por ello, recomienda que, con carácter general, estas evaluaciones incluyan entrevistas presenciales con las víctimas, permitan una recogida de información más completa y se ajusten mejor a cada caso concreto.
Asimismo, considera imprescindible que el resultado del nivel de riesgo sea comunicado a la víctima, al tratarse de una decisión con impacto directo en su protección y en sus derechos.
En su análisis, la institución también recoge las aportaciones del Instituto Navarro para la Igualdad, que aboga por reforzar la calidad de las valoraciones, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y garantizar una atención más personalizada, en línea con los estándares internacionales de protección.
Como conclusión, el Defensor del Pueblo formula dos recomendaciones: asegurar la remisión inmediata de las denuncias al órgano judicial competente y mejorar los procedimientos de գնահատación del riesgo, priorizando la atención presencial y la información clara a las víctimas.
