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El Gobierno Foral se muestra "optimista" sorbe la posibilidad de un acuerdo sobre las aulas concertadas antes del jueves

Se da 24 horas para cerrar un acuerdo sobre las aulas concertadas antes de que se debata en el Parlamento la ley de UPN

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  • Remírez, tras la sesión de este miércoles

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, reconoció este miércoles que las negociaciones entre PSN y Geroa Bai para acordar una posición común sobre el cierre de aulas concertadas están en su recta final. "Quedan veinticuatro horas", admitió, en referencia al debate parlamentario previsto para este jueves sobre la proposición de ley presentada por UPN.

Remírez se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque evitó precisar en qué dirección apunta el eventual pacto. "Ha habido movimientos", dijo, sin querer detallar si la posición se acerca más a las tesis de uno u otro socio de gobierno. Eso sí, fue claro sobre las consecuencias de no llegar a tiempo: si los grupos que forman el Ejecutivo no cierran una posición conjunta antes de la votación, la proposición de UPN (con una autoenmienda) podría salir adelante con el apoyo de PP, Vox, Geroa Bai y, eventualmente, EH Bildu.

El Gobierno critica la proposición y celebra la prematriculación

El portavoz aprovechó para cargar contra la iniciativa de UPN, que calificó de "antipolítica" y cuyo texto original describió como "inviable" en términos técnicos y jurídicos. A su juicio, el hecho de que el propio partido impulsor se haya autoenmedado —aplazando la reducción de ratios al curso que viene— es una muestra de las debilidades del texto inicial: "Es extraño que un grupo político se autoenmende en una proposición de ley de un solo artículo", ha dicho Remírez que tampoco ha querido abundar si era una señal tranquilizadora para el Gobierno como mal menor en caso de que no se llegara a un pacto entre Geroa Bai y el PSN.

Frente a eso, Remírez defendió los datos de prematriculación recién cerrados como un aval a la planificación educativa del Ejecutivo: más del 99% de las familias que optaron por la enseñanza pública y más del 98% de las que eligieron centros concertados obtuvieron plaza en su primera opción. "No estamos hablando de un problema social generalizado", zanjó, al tiempo que reconoció la legitimidad de los colegios concertados que han presentado recursos ante la administración.

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