El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado formalmente al Departamento de Educación que zanje de una vez la situación de los menores que estudian en el centro vinculado a la Fundación Maestro Ávila en el concejo de Arguiñano, situado en Guesalaz, en el valle de Yerri. En su resolución O25/14, la institución que dirige Patxi Vera Donazar exige que el departamento concluya si se están respetando el derecho a la educación y el deber de escolarización obligatoria y que, en caso de infracción, lo ponga en conocimiento de los servicios sociales de protección de menores o de cualquier otra instancia con capacidad de intervenir.
La recomendación llega después de que una inspección realizada en febrero de 2026 constatara que el centro —que opera bajo el nombre Santa María de los Milagros— atiende a 55 alumnos de entre 3 y 18 años sin disponer de autorización administrativa para impartir enseñanzas regladas ni estar inscrito en el registro oficial de centros docentes de Navarra. El Defensor considera que los informes emitidos hasta ahora por el departamento "no son conclusivos" y que, ante el elevado número de menores afectados, es imprescindible un pronunciamiento claro.
Un problema conocido desde 2014
La situación no es nueva. La Inspección Educativa detectó el problema por primera vez en abril de 2014, cuando constató que al menos seis niños en edad de escolarización obligatoria acudían regularmente, en horario escolar, a un inmueble en Arguiñano sin estar matriculados en ningún centro reglado. En aquel momento, el propio servicio de inspección recomendó trasladar los hechos al Departamento de Políticas Sociales para que, si lo estimaba oportuno, lo comunicara a la Fiscalía de Menores.
Inspecciones posteriores, en 2015, 2016 y 2021, fueron dejando constancia de condiciones preocupantes: aulas descritas como "lúgubres" sin calefacción, ausencia de educación física y música, y un currículo centrado casi exclusivamente en contenidos religiosos con materiales identificados como la Enciclopedia Álvarez, el manual escolar del franquismo.
Los consejeros reconocieron en mayo sus limitaciones
El asunto llegó al Parlamento de Navarra el pasado mes de mayo, cuando el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, comparecieron en la Comisión de Educación a petición de EH Bildu para dar explicaciones sobre la situación.
Gimeno fue explícito sobre las limitaciones legales: la normativa vigente no otorga al Departamento de Educación competencias para clausurar el centro ni para obligar a que solicite autorización administrativa, puesto que la inscripción como centro docente privado es, por ley, voluntaria. "Toda la normativa educativa regula los centros inscritos, pero no contempla qué hacer con quienes no lo están", explicó el consejero.
Por su parte, Maeztu reconoció que el principal obstáculo para actuar desde Derechos Sociales era la imposibilidad de identificar a los menores concretos: sin sus datos personales, no puede iniciarse ningún proceso de valoración de desprotección. La Fiscalía de Menores, que había mostrado interés por posibles situaciones de desprotección, acabó archivando el expediente tras recibir la información disponible. Ambos consejeros anunciaron entonces que solicitarían una reunión con la Fiscalía para explorar nuevas vías.
En cuanto a las titulaciones, la comparecencia reveló que los alumnos obtienen certificados vinculados a un centro del estado de Míchigan —el Klon Lara School— que luego se homologan como bachillerato español. Cuatro de esas homologaciones ya habían sido concedidas, aunque el Gobierno foral estudia su revocación.
El Defensor exige una respuesta en dos meses
Ante este panorama, el Defensor considera que no basta con constatar la ausencia de autorización o la falta de validez académica oficial: lo que está en juego son derechos fundamentales recogidos en la Constitución, desde el derecho a la educación hasta la integridad física y moral de los menores. La legislación navarra es clara al respecto: la falta de escolarización habitual y no justificada puede constituir una situación de desamparo.
El Departamento de Educación tiene ahora un plazo máximo de dos meses para comunicar al Defensor si acepta la recomendación y qué medidas adopta. Si no lo hace, el caso podrá ser incluido con mención expresa en el informe anual que la institución presenta al Parlamento de Navarra.
