Izquierda Unida (IU) ha formalizado el registro de una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa en el Parlamento de La Rioja. La formación, a través de su diputado Carlos Ollero, argumenta que el texto supone una "desregulación que privatiza y recorta garantías" y representa un retroceso en derechos colectivos.
IU sostiene que el Proyecto de Ley riojano emula el modelo de simplificación administrativa de comunidades gobernadas por la derecha conservadora y neoliberal, como Madrid o Valencia. Ollero ha sido categórico: “No vamos a avalar un modelo que rebaja controles y deja a la ciudadanía más desprotegida”.
Críticas a la desregulación y la privatización
Bajo la justificación de lograr "agilidad administrativa", la formación de izquierdas denuncia que el proyecto abre la puerta a la privatización de funciones de la Administración autonómica y a una desregulación perjudicial para las pequeñas y medianas empresas de La Rioja.
Entre los principales motivos de rechazo se encuentran:
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Silencio administrativo estimatorio: IU critica la generalización de este principio, que convierte la falta de respuesta en una "autorización tácita" incluso en materias sensibles como el medio ambiente, la salud pública y la seguridad industrial. Ollero advierte que “La inacción administrativa no puede equivaler a autorización tácita cuando el daño puede ser irreversible”.
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Sustitución de autorizaciones: La ley plantea reemplazar autorizaciones por declaraciones responsables o simples comunicaciones, desplazando la vigilancia al a posteriori sin controles previos suficientes ni un refuerzo en los medios públicos de inspección, lo que dificulta corregir riesgos a tiempo.
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Entidades privadas certificadoras: Se rechaza la entrada de entidades privadas financiadas por las mismas empresas que evalúan, alegando un claro conflicto de interés y la consiguiente pérdida de empleo público cualificado. IU subraya que “El control de legalidad y la garantía de derechos son funciones públicas y deben seguir siéndolo”.
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Principio de "mercado abierto": Se advierte que el reconocimiento automático de permisos de otras comunidades con menos requisitos facilita el 'dumping' regulatorio, limitando la capacidad de La Rioja para proteger adecuadamente aspectos sociales, laborales y ambientales.
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Reducción de la participación: La formación critica la reducción de los tiempos de participación ciudadana en la elaboración de normas, señalando que la consulta pública no debe ser un mero trámite, sino una "garantía democrática".
Como alternativa, Izquierda Unida propone una simplificación "real" que elimine la burocracia inútil sin recortar derechos, mediante la digitalización inclusiva, la eliminación de duplicidades y el refuerzo de los servicios públicos y la inspección.
