La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha advertido este jueves de que más del 95% de las viviendas protegidas construidas en la Comunidad Foral han sido o serán descalificadas en los próximos años, lo que las convertirá en viviendas del mercado libre.
Según los datos facilitados por Alfaro, de las 58.656 viviendas protegidas levantadas en Navarra en los últimos 35 años, 32.387 —el 56%— ya han perdido su condición de vivienda protegida, y el resto lo hará progresivamente. Esta situación se debe, ha explicado, a que hasta hace solo tres años Navarra no contaba con la calificación indefinida que garantiza la protección permanente de las viviendas públicas, una figura que comparte únicamente con Euskadi y Cataluña.
La vicepresidenta ha denunciado que “más del 95% de las viviendas protegidas con las que cuenta hoy Navarra han entrado ya o entrarán próximamente en el mercado de la especulación, gracias a esa inacción legal de la derecha, por la que se podía descalificar vivienda protegida pasados determinados años”.
Alfaro ha lamentado que “en los últimos 35 años sí se ha hecho vivienda protegida, pero no para siempre, y ese es el origen del problema con el que nos encontramos hoy en día”. Solo las viviendas iniciadas a partir del verano de 2022 y las promovidas por Nasuvinsa para alquiler social estarán protegidas indefinidamente, ha precisado.
La consejera ha criticado además a quienes, a su juicio, “simplifican el aumento del censo de solicitantes de vivienda diciendo que antes se construía más, obviando que las políticas de descalificación son precisamente las que han disparado los precios y el número de demandantes”.
Para revertir esta situación, Alfaro ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda en su conjunto y ha recordado que el pasado junio el Parlamento aprobó la Ley Foral para el Derecho a la Vivienda Asequible, que amplía las herramientas públicas en esta materia. Entre ellas, ha citado el alquiler asequible, la declaración de zonas de mercado tensionado, el registro de grandes tenedores, la activación de vivienda deshabitada, el derecho de venta en superficie, la regulación de viviendas colaborativas, los servicios de mediación y la creación de un Observatorio de Datos, además de los planes de vivienda y rehabilitación rural.
“Soy consciente de que va a costar tiempo, pero al menos podemos decir ya que las próximas 50.000 viviendas protegidas que empezamos a construir en el verano de 2022 nunca dejarán de ser públicas y no caerán en el mercado de la especulación”, ha concluido Alfaro, quien ha asegurado que “otro gallo cantaría si las 55.000 viviendas construidas en los últimos 35 años no hubieran sido descalificadas”.
