Un total de 168 familias residentes en Sarriguren se encuentran en una situación de urgencia habitacional debido a que las viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler que les fueron adjudicadas perderán dicha calificación para pasar a ser libres.
Las fechas clave de esta desprotección se acercan. El 3 de marzo de 2025, sesenta viviendas dejaron ya de estar sujetas a la protección social. El 13 de febrero y el 6 de marzo de 2026, otras 108 viviendas seguirán el mismo camino, quedando fuera de la protección oficial.
Los dos edificios residenciales, que suman 168 viviendas, 187 garajes y 173 trasteros (un total de 15.080 metros cuadrados construidos), están ubicados en: Plaza Puerta de Badostain, Plaza Ibia y Calle Elizmendi.
Gestión privada y financiación pública: el origen de la problemática
El fondo sueco Catella Asset Management Iberia (Cami) adquirió estos inmuebles en 2018 a la promotora local Adania para su explotación en alquiler a largo plazo. Desde el 1 de enero de 2025, Adania ha cesado en la gestión, coincidiendo con la descalificación de las primeras viviendas, y el control ha pasado a la empresa Básico, con sede en Madrid.
La situación, aunque se produce todos los años con viviendas de alquiler que pierden la protección social, adquiere especial relevancia por ser la primera vez que ocurre con una empresa ajena a la realidad de la población navarra a la que se destinan estas viviendas. La pérdida de la calificación deja en manos de empresas privadas la gestión de inmuebles que fueron financiados con dinero público. Esta gestión será ahora únicamente privada y regida por intereses económicos.
Solución propuesta: el contrato IMA
Para garantizar la continuidad de las familias inquilinas, el Departamento de Vivienda ha estado manteniendo conversaciones con Catella para aplicar un tipo de contrato denominado IMA (Índice Máximo de Alquiler), que establece un precio máximo para la renta.
Esta fórmula contractual asegura que la renta máxima se mantenga dentro de los topes establecidos para que las familias puedan cumplir los requisitos y acceder a ayudas de vivienda como EMANZIPA y DAVIZ, las cuales se miden por renta, al igual que la escala de medición actual de estas viviendas.
No obstante, la principal preocupación radica en que Catella debe querer acogerse a esta tipología de contrato, ya que su aplicación es voluntaria para la empresa. Si la compañía decide no aceptar, podrá establecer el precio de alquiler que considere, lo que podría resultar inasumible para muchas familias.
En la comarca de Pamplona, la situación es similar en diferentes localidades.
