El colectivo BDZ ha difundido un comunicado en el que valora la declaración que este miércoles prestará ante la Audiencia Nacional el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y otros dos directivos. Están denunciado spor la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya, que les atribuye delitos de genocidio y contrabando relacionados con la supuesta venta irregular de acero a la empresa armamentística israelí IMI Systems (Israel Military Industries). La acusación sostiene que ese suministro habría contribuido al aparato militar israelí en un momento que califican de “crimen de lesa humanidad” contra la población palestina, una situación que, según mencionan, estaría respaldada por organismos de Naciones Unidas.
La comparecencia judicial coincide con la reciente inclusión de Jainaga en la lista Forbes de las mayores fortunas del planeta, con un patrimonio estimado de 450 millones de euros, lo que le sitúa entre los cien españoles más ricos. A ello se suma, recuerdan desde BDZ, la adquisición del 30% de las acciones de Talgo por parte del empresario, operación celebrada públicamente por varios representantes políticos vascos, lo que el comunicado critica por considerar que ignoran “las evidencias que le relacionan con crímenes de lesa humanidad”. Para el colectivo, “la conexión es evidente: el genocidio le renta”.
BDZ también apunta a otra empresa emblemática de la industria vasca: la ferroviaria CAF. Según recuerdan, la compañía —presidida por Andrés Arizkorreta— figura desde hace meses en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que operan en los asentamientos israelíes y se benefician de la ocupación de territorio palestino. Un hecho que califican de “sin precedentes” en el ámbito empresarial vasco.
“El empresariado vasco se ha estado enriqueciendo sin escrúpulos con el genocidio palestino, creyéndose impune. Hasta ahora”, señala BDZ en su comunicado. El colectivo interpreta este momento como una “encrucijada histórica” en la que, a su juicio, los tribunales deben determinar si existe responsabilidad empresarial en crímenes internacionales o si, por el contrario, se perpetúa una situación de impunidad que, advierten, “pondría en entredicho” el Derecho Internacional Humanitario.
BDZ exige tanto a los gobiernos vasco y navarro como al Gobierno central que cumplan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos y suspendan cualquier tipo de financiación o beneficio público a empresas señaladas por organismos internacionales por su supuesta colaboración con políticas israelíes. Consideran que esa sería “la única manera de aislar económica y comercialmente al régimen israelí”. En caso de no hacerlo, acusan a estas instituciones de “incumplir sus propios mandatos” y “defraudar a la ciudadanía”.
“El momento histórico exige actuar con responsabilidad”, concluye el comunicado.
