La plataforma Tierra Estella No se Vende ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación ante la sede del departamento de Industria en Pamplona para denunciar un proyecto que, aseguran, «lleva veinte años acechando a la comarca»: la Subestación de Muy Alta Tensión de 220 kV, actualmente prevista en Oteiza. Según explicaron, se trata de una infraestructura «sin justificación real», que no responde a las necesidades industriales o domésticas del territorio, sino que actúa como «el gran enchufe que ha abierto la puerta a una oleada de megaproyectos especulativos».
El colectivo centró sus críticas en el proyecto fotovoltaico Oteiza-Villatuerta, calificándolo de «caso escandaloso». Recordaron que informes de Iberdrola y Teder del año 2007 ya afirmaban que las necesidades energéticas de la zona quedaban garantizadas con la mejora y creación de dos líneas de 66 kV, procedentes del Sequero (La Rioja) y Cordovilla.
«¿Qué ha cambiado para justificar ahora una instalación de 220 kV, con un impacto ambiental mucho mayor?», cuestionaron. La plataforma sostiene que la nueva subestación está «sobredimensionada», con una capacidad que «podría abastecer doce veces la demanda de la factoría de Volkswagen Navarra». A su juicio, esta cifra evidencia que su función «no es cubrir la demanda local, sino facilitar la evacuación masiva de energía de grandes parques renovables, externalizando costes y maximizando beneficios privados».
En esa línea, denunciaron que el proyecto de Oteiza-Villatuerta —junto al de Lerín— está impulsado por la empresa sevillana Enigma Green Power, fundada en 2021 con un capital social de 3.000 euros. La plataforma describió a esta sociedad como «una simple filial instrumental» de la multinacional italiana ENEL, «un gigante» que factura cerca de 41.000 millones de euros anuales y posee el 70% de Endesa. «Una empresa con 3.000 euros no viene a asegurar nuestro futuro energético; viene a especular con nuestros campos», afirmaron.
Además, criticaron con dureza el «silencio ensordecedor» del Gobierno de Navarra, de la asociación empresarial LASEME y de los ayuntamientos afectados. «Mientras una multinacional utiliza maniobras financieras para lucrarse en nuestro territorio, las instituciones callan y no informan a la ciudadanía sobre las gravísimas implicaciones de este proyecto», denunciaron.
En contraste, destacaron la reacción social que ha generado la iniciativa. Según explicaron, la ciudadanía ha impulsado una plataforma popular y ha presentado 853 alegaciones particulares al proyecto, un volumen que consideran «un mandato democrático» y «un no rotundo» al modelo planteado.
La plataforma reclamó al Gobierno foral y a los ayuntamientos de Oteiza y Villatuerta tres medidas urgentes como la paralización inmediata de la tramitación del proyecto Oteiza-Villatuerta y del avance de otros vinculados a la subestación de 220 kV, la transparencia total, con la publicación de todos los estudios que justifiquen el salto de 66 kV a 220 kV. Por último abogan por la defensa del territorio, apostando por un modelo energético distribuido, de bajo impacto y respetuoso con el ámbito rural.
«Tierra Estella no es el patio trasero de los proyectos energéticos de otros», concluyeron.
