En pleno shock político por la trascendencia del informe de la UCO que detalla pagos de Servinabar a Santos Cerdán y por vez primera habla sobre una posible investigación judicial en el marco del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, sobre la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar para la duplicación del túnel de Belate, la portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, defendió este miércoles la actuación del Ejecutivo y volvió a reivindicar la «máxima transparencia» aplicada al proceso.
«Mi condición de portavoz del Gobierno de Navarra me lleva a expresar, en primer lugar, el respeto a las diligencias judiciales y el compromiso del Gobierno con la colaboración total», dijo López al inicio de su intervención. Recordó además que «el Gobierno ya pidió con prontitud antes del verano su personación ante el Tribunal Supremo por si eventualmente hubiese un posible daño patrimonial para la Hacienda Foral», si bien la solicitud fue desestimada.
López insistió en que desde el primer momento se aplicaron «auditorías suplementarias a los controles ordinarios para una transparencia reforzada» y que el Ejecutivo dispone de «informes validatorios sobre las obras adjudicadas a Acciona y Servinova» emitidos por los departamentos implicados, por TPN, Nasuvinsa y la Intervención General.
«Irregularidades no son corrupción»
Uno de los mensajes centrales de la portavoz fue nítido: «Irregularidades con reparo no suspensivo de la Intervención, defectos y vacíos procedimentales no son corrupción».
En relación directa con el informe de la UCO, López señaló que «tan cierto es que enumera las irregularidades denunciadas hace un año por UPN como que la UCO no entra al fondo de estas imputaciones ni señala al Gobierno en ninguna ilegalidad». El documento, añadió, «deja al criterio del juez incorporar esa adjudicación a la causa».
Sobre la actuación de la mesa de contratación en Belate, la portavoz precisó que los técnicos han coincidido en «lo ordinario del procedimiento» y en que las valoraciones estaban «suficientemente motivadas». También subrayó que «todo ello se hizo sin injerencias ni presiones políticas, tampoco empresariales».
Preguntada por la ausencia de propuestas específicas para modificar el sistema de adjudicaciones, López se remitió a lo ya expuesto: «Los cambios normativos que sean necesarios se harán con pleno respeto a las actuaciones judiciales y en colaboración absoluta». Sin embargo, evitó responder directamente si el Gobierno impulsará cambios en el funcionamiento interno de las mesas de contratación, un punto reclamado por dos de los socios parlamentarios del Ejecutivo.
Sobre los sobrecostes en Belate
Tampoco quiso hablar sobre los costes de Belate la también responsable de Interior —a través de la referencia a las explicaciones del consejero— insistió en que las modificaciones del proyecto del túnel de Belate y sus sobrecostes «entran dentro de lo habitual en una obra pública». «Nos movemos dentro del marco de la legalidad, dentro de los plazos previstos y actuando en total colaboración con la Intervención», afirmó, recordando que el expediente deberá ser aprobado por el órgano de contratación y que aún se está dentro de los ocho meses que marca la Ley Foral de Contratos.
López evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a solicitar personarse en la causa y tampoco valoró los nuevos testimonios en la comisión de investigación del Parlamento Foral en relación a los sobrecostes
En cuanto al uso de fondos de Servinabar para fines presuntamente personales de Cerdán, asunto mencionado de forma intensa en el informe policial, la portavoz se ha limitado a señalar que son«actuaciones empresariales» y que «este Gobierno se ocupa de respetar la legalidad y de colaborar con todas las instituciones judiciales y policiales (…) ».
Mientras avanza la investigación y el juez decide si incorporar la adjudicación de Belate a la causa, el Gobierno insiste en su mensaje: respeto a la Justicia, colaboración total y defensa de la legalidad en los procedimientos administrativos.
