El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que recuerda al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia su deber legal de atender en plazo las solicitudes de la ciudadanía, después de constatar que la Administración no contestó a una petición de jubilación parcial con contrato de relevo hasta meses después de presentada, y únicamente tras la queja formal del afectado ante la institución.
El trabajador, empleado fijo de la Administración foral, había registrado su solicitud el 16 de abril de 2025. Transcurridos más de tres meses sin recibir respuesta —ni comunicación alguna—, decidió acudir al Defensor del Pueblo el 8 de septiembre, exponiendo la incertidumbre personal y laboral generada por el silencio administrativo. Apenas cuatro días despues, le llegó la respuesta, fuera del plazo máximo previsto por la ley y que, además, fue una denegación de la solicitud.
Es decir, Interior solo contestó cuando el empleado había recurrido al Defensor del Pueblo y lo hizo tarde, después de incumplir el plazo legal de tres meses, y con una resolución desfavorable.
En su pronunciamiento, la institución recuerda que la Ley 39/2015 obliga a las administraciones a dictar y notificar una resolución expresa en todos los procedimientos, dentro del plazo fijado o, en su defecto, en un máximo de tres meses. Por ello, insta al Departamento a cumplir con estas exigencias y a garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta motivada y en tiempo.
El Defensor del Pueblo da por aceptado el recordatorio formulado, aunque el Departamento dispone de dos meses para manifestar su desacuerdo, lo que supondría la inclusión del caso en el informe anual.
