El Departamento foral de Políticas Sociales en Álava ha presentado un proyecto de presupuestos para 2026 que asciende a 332 millones de euros, la cifra "más elevada" de su historia, con el objetivo primordial de fortalecer la red de cuidados y responder a las necesidades de los colectivos más vulnerables del territorio alavés. El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, destacó ante las Juntas Generales de Álava que este presupuesto no solo "pisa tierra" y se ajusta a la realidad social, sino que también consolida una tendencia de fortalecimiento sostenido de los servicios sociales.
El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) concentra la mayor parte de la dotación, con 289,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 8,2% (22 millones más). Urtaran subrayó que el impacto económico de todas las mejoras y nuevos recursos implementados en la legislatura alcanza ya los 40 millones de euros anuales.
Las personas mayores, prioridad presupuestaria
El colectivo de las personas mayores y la dependencia es una de las principales prioridades, acaparando casi cuatro de cada diez euros del IFBS. Se destinarán más de 108 millones a servicios como plazas residenciales y centros de día. Entre las inversiones destacadas se encuentra la apertura de la residencia foral Samaniego tras una reforma integral, con una partida anual de 3 millones de euros para su mantenimiento. Además, la partida para concertar plazas residenciales se acerca a los 12 millones de euros, con un incremento de 1,4 millones.
El presupuesto 2026 también refuerza los servicios de apoyo en el hogar, como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la zona rural, que crece en 500.000 euros. La Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef) experimentará su tercer aumento consecutivo, elevándose un 7,5% de media, con un presupuesto total de 13,3 millones de euros.
Apoyo a la discapacidad, menores y víctimas de violencia machista
Más de 51 millones de euros se reservan para recursos y servicios destinados a personas con discapacidad. Esto incluye la remodelación de la residencia Etxebidea y la mejora del servicio de transporte adaptado hasta los 4,4 millones. Como novedad, se creará una prestación económica para la contratación de asistencia personal para fomentar la vida independiente.
La atención a menores en desprotección contará con 36 millones de euros, que se usarán para aumentar plazas residenciales y crear nuevos recursos, como Ondoan, para jóvenes embarazadas y familias monoparentales en riesgo, y Abiatuz, un centro de transición a la vida autónoma.
En cuanto a la atención a las mujeres víctimas de violencia machista, se impulsará la red residencial con la creación de dos nuevos recursos: el Centro de Atención Residencial de Media Estancia (Carme) y el Centro de Atención Inmediata (CAI), que añadirán seis nuevas unidades familiares a la red de apoyo.
Finalmente, el presupuesto destina 1,4 millones de euros al mantenimiento de Berrasi, un nuevo recurso para personas en situación de exclusión social, y casi 30 millones de euros para Indesa, el centro especial de empleo para personas con discapacidad, que crece un 9%.
