En el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Julián Huarte, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de saturación que atraviesa la administración de justicia en la Comunidad Foral. Según los datos presentados, los Juzgados de Primera Instancia soportan una sobrecarga del 125,9%, mientras que en los de lo Social el exceso de trabajo alcanza el 80,2%, cifras que superan con creces los criterios del Ministerio de Justicia para la creación de nuevas plazas.
Huarte ha incidido en que esta presión asistencial no es exclusiva de estas áreas, detallando que los juzgados de Violencia sobre la Mujer presentan una sobrecarga del 59% y los de Instrucción de Pamplona un 45,5%. La situación es especialmente preocupante en los partidos judiciales de la periferia: Aoiz lidera el exceso de asuntos civiles con un 184,7%, seguido de Estella (101%), Tudela (84,2%) y Tafalla (61,1%).
Necesidad urgente de medios y personal
El presidente del TSJN ha subrayado que, sin los medios personales, materiales y técnicos adecuados, la tutela judicial efectiva corre el riesgo de pasar a ser "meramente formal". En este sentido, ha reclamado al Ministerio la creación de plazas calificadas como imprescindibles por el CGPJ, que incluyen nuevos magistrados para la Sala de lo Social, la Audiencia Provincial y los tribunales de instancia de Pamplona, Tudela y Aoiz.
Huarte ha recordado que España cuenta con una ratio de 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alejada de la media de la Unión Europea, situada en 17,43. Para revertir este déficit, ha señalado como "prioridad esencial" no demorar la construcción de un nuevo edificio judicial en Pamplona, ya que el actual palacio es insuficiente para albergar las unidades judiciales necesarias.
Impacto en la ciudadanía
Durante su discurso, el magistrado ha recordado que el retraso en las resoluciones judiciales afecta de manera especial a las personas vulnerables, menores de edad y víctimas de delitos, además de incidir en aspectos básicos como el trabajo y la vivienda. Huarte ha instado a las administraciones dotacionales a implicarse en la modernización de la justicia para que la eficiencia sea "realmente percibida por la ciudadanía".
