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La Audiencia de Navarra reabre el caso de la menor supuestamente vendida y obligada a casarse

El tribunal considera que existen “claros indicios” de delitos de trata de seres humanos y coacciones, y ha confirmado la orden de alejamiento a los padres

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  • Palacio de Justicia de Pamplona

La Audiencia de Navarra ha ordenado reabrir la investigación del caso de la adolescente de 14 años presuntamente vendida por sus padres por 5.000 euros y cinco botellas de whisky y obligada a contraer matrimonio con un hombre de 21 años.

Según adelantaba el diario Segre el pasado lunes,  el tribunal considera que existen “claros indicios” de delitos de trata de seres humanos y coacciones, y ha confirmado la orden de alejamiento impuesta a los progenitores.

El auto judicial, que ratifica la medida dictada por el Tribunal de Instancia de Tudela, prohíbe además a los padres mantener cualquier tipo de contacto con la menor mientras continúe la investigación. La Audiencia advierte de que, en caso de incumplimiento, podrían enfrentarse a nuevas medidas cautelares más severas, incluida la prisión provisional.

El caso se remonta a octubre del pasado año, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron en Mollerussa (Lleida) a tres personas acusadas de comprar a la menor y forzarla a casarse. La joven fue localizada mendigando en la entrada de un supermercado de Les Borges Blanques. Según la investigación, la familia de la niña, residente en Navarra, habría recibido dinero y alcohol a cambio de entregarla a otra familia de Lleida.

En su resolución, la Audiencia subraya que el testimonio de la propia menor —quien no se reconoce como víctima— no invalida los indicios de trata detectados. “El hecho de que la adolescente no se identifique como víctima no significa que no lo sea”, señala el tribunal, que subraya la necesidad de protegerla ante una situación de vulnerabilidad evidente.

La causa había sido archivada inicialmente por un juzgado de Tudela pese a que el propio padre reconoció ante la Policía de Corella haber recibido dinero por su hija. Ahora, el tribunal foral considera acreditado un riesgo grave para la menor y reabre el procedimiento para determinar las posibles responsabilidades penales.

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