La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo ha hallado indicios de criminalidad en el derribo de un palacete ubicado en la localidad vizcaína. La investigación judicial apunta a la presunta comisión de un delito sobre el patrimonio histórico y otro de prevaricación, lo que ha derivado en la imputación de diez personas, entre las que se encuentran tres concejales del PNV que formaban parte del consistorio en el momento de los hechos.
Ampliación de la investigación y nuevas imputaciones
El proceso judicial comenzó en octubre de 2024. Inicialmente, las pesquisas se centraron en cuatro personas vinculadas a la promotora y a la empresa encargada de la demolición, bajo la sospecha de haber vulnerado el artículo 321 del Código Penal, que protege edificios con valor histórico o cultural.
Sin embargo, tras recibir una ampliación del atestado policial el pasado 12 de enero, el juzgado ha decidido ampliar las diligencias. Esta nueva fase incluye la investigación por prevaricación, según el artículo 322, al sospechar que pudieron existir informes favorables o votos emitidos a sabiendas de su injusticia para permitir la desaparición del inmueble. Por este motivo, se ha citado a declarar a otras seis personas, elevando a diez el número total de investigados.
Posibles penas y reconstrucción del inmueble
Los investigados están llamados a comparecer en sede judicial el próximo 25 de febrero. El Código Penal establece para estos delitos penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público o profesión.
Asimismo, la legislación vigente otorga a los jueces la potestad de ordenar la reconstrucción o restauración del edificio a cargo de los autores del hecho, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. El caso ha generado un gran impacto en Bizkaia, al afectar directamente a la gestión del patrimonio arquitectónico municipal y a representantes políticos locales.
