La coalición Contigo–Zurekin Pamplona-Iruñea ha alzado la voz este miércoles para denunciar la irrupción de la plataforma Bolt en la capital navarra bajo el modelo de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Según la formación, la implantación de este sistema responde a una “estrategia deliberada de desregulación” que vulnera la normativa vigente y pone en riesgo un servicio considerado esencial para la movilidad urbana: el taxi.
La alerta se produce tras conocerse-en una información adelantada por Pamplona Actual- que al menos cinco vehículos vinculados a la plataforma han sido sancionados con 1.000 euros e inmovilizados por operar en servicios urbanos, una práctica expresamente prohibida por la legislación estatal —y, por tanto, por la foral— que regula a los VTC. Para Contigo–Zurekin, estas sanciones no son hechos aislados, sino la consecuencia lógica de “un modelo de negocio diseñado para burlar las reglas, externalizar costes laborales y fiscales y competir de manera desleal con un servicio público fundamental”.
Desde la coalición recuerdan que el taxi en Pamplona-Iruña no funciona como un servicio privado convencional, sino como un recurso regulado y universal: con tarifas públicas, accesible en todo el término municipal, adaptado a personas con movilidad reducida y sujeto a obligaciones de servicio. “Frente a eso —subrayan—, plataformas como Bolt operan sin obligaciones de accesibilidad, sin servicio universal, sin controles tarifarios claros y sin mecanismos efectivos de responsabilidad pública”.
La formación sostiene que la llegada de empresas como Bolt “no amplía la oferta de movilidad de forma justa”, sino que intenta “mercantilizar un derecho básico”, poniendo en peligro tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de cientos de taxistas. En su crítica, señalan que el impacto se sentiría especialmente en zonas periféricas y en los horarios nocturnos, donde el taxi ha demostrado ser un recurso esencial para la ciudadanía.
Ante esta situación, Contigo–Zurekin urge a las administraciones a actuar con firmeza para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar que plataformas digitales impongan un modelo basado, según denuncian, en la precariedad laboral, la evasión fiscal y la competencia desleal. Rechazan cualquier intento de equiparar el taxi —“un servicio público universal, regulado y accesible”— con los VTC, que no asumen obligaciones de cobertura territorial, accesibilidad ni transparencia en los precios.
La coalición pide además que se proteja de manera inmediata al sector del taxi, al que califica como “pilar de una movilidad justa y sostenible”, y propone abrir un proceso participativo con el sector y con la ciudadanía para diseñar un modelo de movilidad que sitúe “a las personas, y no a las corporaciones digitales”, en el centro de las políticas públicas.
Contigo–Zurekin concluye recordando que “la movilidad urbana es un derecho, no un negocio”, y afirma que no permitirá que “intereses privados desmantelen servicios públicos esenciales bajo el pretexto de una falsa innovación”.
