El Tribunal Supremo condena al exministro Ábalos a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama formaron una trama criminal para enriquecerse aprovechando el poder ministerial
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Fomento José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, aunque el máximo de cumplimiento efectivo quedará en quince años y dieciocho meses. Su asesor personal, Koldo García Izaguirre, ha sido condenado a casi veinte años de prisión, con un máximo efectivo de quince años. El empresario Víctor de Aldama, cuya colaboración con la justicia ha sido determinante para el caso, recibe una condena de cuatro años y medio con la pena suspendida a condición de no reincidir, presentar informes semestrales de actividad y cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La sentencia, unánime, declara probado que los tres acusados constituyeron una organización criminal con reparto de funciones cuyo propósito era lucrarse aprovechando el cargo de Ábalos como ministro y secretario de organización del PSOE. Según el tribunal, el plan se gestó durante los viajes compartidos por los tres acusados, y Ábalos actuaba como jefe de la estructura, Koldo García como correa de transmisión y hombre de confianza, y Aldama como el encargado de captar empresas e intereses privados a los que colocar ante la Administración a cambio de dinero.
Una retribución mensual de 10.000 euros y pagos en especie
Entre los hechos probados más llamativos figura el pago mensual de 10.000 euros que Aldama entregó a los otros dos acusados desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 para cubrir los llamados "gastos fijos" de Ábalos. A ello se sumó el pago del alquiler de un piso en la Torre de Madrid para la entonces pareja del exministro, por 2.700 euros mensuales durante más de dos años, así como el disfrute gratuito de una villa en Marbella durante las vacaciones de verano de 2020 y un contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana valorado en más de 1,4 millones de euros pero pactado por 750.000.
El negocio de las mascarillas
El episodio más grave en términos de daño al erario público es la adjudicación fraudulenta del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, a través de Puertos del Estado y ADIF. El tribunal considera probado que la adjudicación estaba acordada de antemano, antes incluso de que los propios órganos de contratación tuvieran conocimiento de la operación. Aldama canalizó comisiones por valor de más de 6,6 millones de euros, de los que Ábalos y Koldo García reclamaron dos millones y medio de millones respectivamente.
Enchufismo en empresas públicas
La sentencia también declara probado que Ábalos y Koldo García utilizaron su posición para colocar en empresas públicas a dos mujeres con las que el exministro mantenía relaciones personales. Una de ellas, Jessica Rodríguez, fue contratada por INECO y luego por TRAGSATEC sin llegar a desempeñar trabajo alguno, percibiendo en total más de 43.000 euros en concepto de salario con cargo a fondos públicos. La otra, Claudia Montes, fue contratada en LOGIRAIL tras un mensaje de Ábalos a Koldo García que rezaba "arréglalo", y cuando se abrió un expediente disciplinario por absentismo, los acusados lograron paralizarlo.
Aldama, el arrepentido que hizo posible la condena
El tribunal dedica un extenso apartado a justificar la atenuación aplicada a Aldama, cuya colaboración califica de "máxima" y decisiva para el esclarecimiento de los hechos. La sentencia subraya que, dado que el propio ministro estaba implicado, los mecanismos de control interno de la Administración eran ineficaces, y que solo la declaración incriminatoria de un coautor hizo posible la investigación y la condena. El fallo señala que el Estado de derecho debe premiar este tipo de colaboración con los instrumentos que prevé la ley.
La sentencia concluye con una reflexión sobre la gravedad de la corrupción pública, a la que describe como un fenómeno que "socava la arquitectura democrática del Estado" y erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema político, destacando que en este caso los delitos se cometieron desde el más alto nivel del poder ejecutivo.
