La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado con dureza al Gobierno de Navarra tras conocerse que el Defensor del Pueblo ha emitido una resolución en la que urge al Departamento de Salud a reforzar con urgencia el servicio sanitario del Centro Penitenciario de Pamplona/Iruña, ante el grave déficit de médicos que sufre la prisión desde septiembre de 2024.
Ibarrola se ha hecho eco en X (antes Twitter) de la información publicada por Pamplona Actual y ha denunciado que: «Tanto autobombo con la competencia de la sanidad penitenciaria para no saber cómo gestionarla y que empeore el servicio. No es de extrañar con lo que ha hecho con la sanidad que sufrimos todos». Como es de recordar, la competencia de sanidad penitenciaria fue asumida por Navarra en 2021, durante el actual mandato de María Chivite, tras años de reivindicación por parte del Ejecutivo de Uxue Barkos.
La resolución del Defensor del Pueblo (expediente Q24/1366) parte de una queja presentada en diciembre por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona. El colegio alertaba de que, en los turnos sin presencia física del único médico del centro, la atención sanitaria se deriva al 112, siendo activada por el personal de enfermería, lo que supone una desatención sanitaria a un colectivo de alta vulnerabilidad.
El propio Departamento de Salud ha reconocido que actualmente solo hay un médico interino cubriendo las necesidades de cerca de 480 personas internas, ya que de las cuatro plazas existentes, tres están vacantes por traslados o excedencia por maternidad. Esta situación impide cubrir los turnos y las guardias mínimas.
La autora de la queja ha reiterado su disconformidad con la respuesta del Departamento, recordando que la sanidad penitenciaria no puede tratarse como la de un centro de salud convencional, dada la prevalencia mucho mayor de enfermedades como VIH, problemas de salud mental o adicciones entre la población reclusa.
