La Comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento de Navarra ha visitado este lunes el Fuerte Alfonso XII o de San Cristóbal, una imponente instalación militar situada en el monte Ezkaba que, tras décadas de abandono institucional y demandas sociales, será próximamente reconocida como Lugar de Memoria por el Gobierno central, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
La visita, impulsada por los grupos parlamentarios Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha reunido a representantes de casi todas las fuerzas políticas: Isabel Olave (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Irati Jiménez y Eneka Maiz (EH Bildu), Mikel Asiáin (Geroa Bai) y Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin). La delegación ha sido recibida por el delegado de Defensa en Navarra, Francisco José Briones, el teniente coronel de Artillería Sergio Estrada y el subteniente Íñigo Cambra, quien ha ejercido como guía en el interior del recinto.
Durante el recorrido, los parlamentarios han podido comprobar el descomunal tamaño de esta estructura cavada en la montaña y su desigual estado de conservación. Construido entre 1878 y 1919 para defender Pamplona, el Fuerte quedó obsoleto antes incluso de finalizarse, y acabó convertido en prisión y sanatorio. Su episodio más trágico tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos intentaron fugarse; 206 fueron asesinados durante la huida y 14 más fusilados en agosto del mismo año. Solo tres lograron cruzar la frontera francesa.
El recorrido también ha incluido una visita al llamado Cementerio de las botellas, donde los parlamentarios se han reunido con Koldo Pla y Víctor Oroz, de la asociación Txinparta-Fuerte San Cristóbal, red de memoria colectiva. Allí, en la ladera norte del monte, fueron enterrados numerosos presos junto a una botella con su filiación. La asociación ha lamentado el retraso administrativo que arrastra el proyecto memorialista y ha reclamado a los grupos parlamentarios que impulsen su materialización. Txinparta ha denunciado además la “falta de información” tras la firma del protocolo general entre Gobierno foral y central, aprobado en mayo, y ha exigido que se garantice la participación real de las asociaciones memorialistas en el futuro Centro de Interpretación Histórica del Fuerte.
Los portavoces parlamentarios han expresado valoraciones diversas. Isabel Olave (UPN) ha reconocido la importancia del reconocimiento como lugar de memoria, pero ha subrayado que «las entidades locales deben formar parte principal y directa del proyecto». Javier Lecumberri (PSN) ha defendido que «es fundamental que esta parte de la historia de Navarra y de España se recupere y se dé a conocer a las generaciones futuras».
Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha urgido a «pasar de los protocolos a los hechos» y ha exigido a los gobiernos «más compromiso real con este espacio de memoria». Mikel Asiáin (Geroa Bai) ha destacado el papel educativo del Fuerte: «La ciudadanía, y sobre todo la juventud, debe conocer lo que aquí ocurrió». Por su parte, Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha pedido convertir este espacio en «símbolo de las luchas antifascistas en Europa», con un proyecto «consensuado con quienes durante décadas han sostenido esta memoria desde la sociedad civil».
Actualmente, el Fuerte no tiene función militar relevante y, según el delegado de Defensa, su uso es «testimonial». La intención del Ministerio de Defensa es ceder su titularidad al Gobierno de Navarra y al Ministerio de Política Territorial, paso clave para que el proyecto memorialista pueda avanzar.
