La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un documento clave en la investigación del conocido como 'caso Koldo': un contrato privado que acredita que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de la constructora Servinabar por 6.000 euros. El hallazgo, realizado durante el registro de la vivienda de Joseba Antxon Alonso Egurrola —administrador único de la empresa—, ha provocado un auténtico terremoto político y judicial, al situar a Cerdán en el epicentro de una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.
El documento: 1.350 participaciones por 6.000 euros
Según la documentación intervenida y remitida por la UCO al magistrado Leopoldo Puente, el contrato privado, fechado el 1 de junio de 2016, recoge la compraventa de 1.350 participaciones sociales de Servinabar (el 45% del total de la sociedad) entre Alonso Egurrola y Santos Cerdán. El documento, de apariencia similar a una escritura notarial aunque sin estar timbrado ni elevado a público, especifica que Cerdán pagó 6.000 euros por la transacción y que asumiría los gastos e impuestos derivados de la operación.
La empresa Servinabar, con sede en Pamplona y apenas nueve empleados, ha gestionado más de 80 millones de euros en contratos de construcción con distintas administraciones navarras, incluyendo el polémico proyecto de duplicación del túnel de Belate, adjudicado durante el gobierno socialista de María Chivite.
Negaciones y estrategia de defensa
Tanto Santos Cerdán como el propio Alonso Egurrola han negado reiteradamente la existencia de una relación societaria efectiva. Cerdán sostiene que el documento carece de validez jurídica por no haber sido formalizado ante notario ni inscrito en el registro mercantil, y que nunca ha tenido ni tiene participaciones en Servinabar. Su defensa insiste en que se trata de un simple contrato privado "sin efecto jurídico en el ámbito societario", una postura que también respalda el administrador de la empresa, quien afirma que "no existe ninguna escritura en la que el Sr. Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa".
A pesar de estas alegaciones, la investigación de la UCO considera que existen "consistentes indicios" de que Cerdán habría tenido un papel activo en la gestión de fondos y en la intermediación de pagos dentro de la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, junto a otros investigados como José Luis Ábalos y Koldo García.
Repercusiones judiciales y políticas
El contrato entregado al Supremo constituye, hasta el momento, el indicio más directo de la vinculación de Cerdán con una de las empresas clave en la investigación. El magistrado Puente ha ordenado analizar, además, centenares de cuentas bancarias relacionadas con los investigados y las compañías presuntamente beneficiadas, entre ellas Servinabar y Acciona. El propio Cerdán ha solicitado que su declaración como investigado, prevista para el 30 de junio, sea retransmitida en directo para garantizar la transparencia y evitar "juicios paralelos".
El caso ha sacudido al PSOE y al Gobierno de Navarra, especialmente por la relevancia de las adjudicaciones públicas obtenidas por Servinabar durante los años en que Cerdán ocupaba cargos de responsabilidad política.
