El juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional sin fianza para el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdan ante la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
En la vistilla, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida al juez, alegando riesgo de destrucción de pruebas y fuga. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han apoyado esta medida, a diferencia de lo que ocurrió con otros implicados como Ábalos y Koldo García, para quienes solo se pidieron medidas cautelares menos severas.
La comparecencia de Cerdán se ha realizado a puerta cerrada, después de que el juez rechazara la petición de la defensa de retransmitirla en directo, alegando el carácter reservado de la fase de instrucción según la ley. A su llegada al Supremo, poco antes de las 10:00, el exnúmero tres del PSOE fue recibido entre gritos de “chorizo” y “sinvergüenza” por parte de algunos ciudadanos congregados en las inmediaciones.
El juez instructor había ya ordenado investigar el patrimonio de Cerdán, así como sus comunicaciones y correo corporativo, ante los indicios de que pudo gestionar importantes sumas en comisiones ilegales y facilitar recursos a otros implicados. Cerdán, por su parte, ha ofrecido aportar información patrimonial en un gesto de “transparencia”.
Negación de las acusaciones y estrategia de defensa
Durante la declaración, Cerdán ha negado rotundamente haber participado en el reparto de comisiones ilegales o en adjudicaciones irregulares. Según fuentes presentes en la sala citadas por La Sexta y RTVE, ha insistido en que no se reconoce en los audios incautados por la UCO a Koldo García, exasesor de Ábalos, y ha puesto en duda la validez de esas grabaciones como prueba. Además, respecto al contrato que le vincula con la empresa Servinabar —clave en la presunta trama y de la que, según la investigación, poseería el 45%—, Cerdán ha argumentado que dicho documento no tiene validez legal al no haber sido elevado a escritura pública.
Denuncia de persecución política
En un giro estratégico, el exdirigente socialista ha atribuido la causa judicial a una “persecución política”, asegurando que su imputación responde a su papel en las negociaciones para la investidura con partidos como PNV y EH Bildu. Ha llegado a afirmar que la siguiente persona en ser perseguida será el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por haber negociado con Junts.
Según La Sexta, Cerdán ha calificado la investigación como “una trama de la oposición” contra el PSOE.
