La presidenta de la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, Irati Jiménez (EH Bildu), ha comparecido esta mañana ante los medios tras la celebración de la segunda sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra. Según ha detallado, el grupo de trabajo ya ha aprobado su plan de trabajo y se han establecido las bases para una investigación que se prevé extensa y de amplio alcance.
“Me gustaría volver a recordar cuál es el objeto de la comisión”, ha comenzado Jiménez, “ya que el plan de trabajo acordado tiene que atenerse a este objeto”. La comisión tiene como misión investigar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por él, “en el período comprendido en las cuatro últimas legislaturas, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la causa especial abierta en el Tribunal Supremo”, en referencia a la Causa 20775/2020.
Durante esta segunda sesión, la comisión ha aprobado un plan de trabajo resultado de más de 179 votaciones. “Se han aprobado 99, pero este número hay que tenerlo un poco con pinzas, porque ha habido muchas votaciones que hemos agrupado”, ha explicado la presidenta. El resultado es una agenda estructurada que incluye una fase de solicitud de documentación e información a múltiples instituciones y empresas, y una segunda fase de comparecencias que se iniciará a partir del 14 de octubre.
En este sentido, se ha abierto un plazo hasta el 15 de septiembre para la recepción de toda la información solicitada. “Se va a solicitar documentación al Gobierno de Navarra, a la Cámara de Comptos, a la Oficina de Buenas Prácticas, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, al Congreso y al Senado, al Registro Mercantil, a la Seguridad Social, a las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y a las empresas, entre otras, Geoalcali, Servinabar, Acciona, Alegrure, Noran…”, enumeró Jiménez.
La presidenta también ha confirmado que serán 40 las personas llamadas a comparecer, y que la lista será facilitada a los medios en las próximas horas. “Después de las peticiones de información, hemos procedido a aprobar las personas que van a comparecer”, añadió. Además, se solicitará la colaboración de la Policía Foral para efectuar las notificaciones oficiales.
La comisión ha decidido que las sesiones se celebrarán dos días por semana, los martes y los miércoles, con dos franjas horarias: una sesión matinal a las 9:30 y otra vespertina a las 15:15. “Nuestra intención es comenzar con ellas en octubre, el 14 de octubre aproximadamente”, confirmó Jiménez.
El orden definitivo de las comparecencias se votará en una sesión prevista para la segunda quincena de septiembre. De momento no se han admitido comparecencias de personas implicadas en la presunta trama como José Luis Ábalos, pero sí la Santos Cerdan o Koldo Garcia y Antxón Alonso. Tampoco comparecerán la presidenta Chivite y el ex vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, o las ex presidentas Yolanda Barcina y Uxue Barkos, pero sí lo hará Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, o el mismísimo portavoz de UPN, Javier Esparza, entre otros. Igualmente no estarán, de momento la hermana de Santos Cerdán, Belén Cerdán, o el cuñado de éste, que cobraron cantidades de Servinabar.
En paralelo, se ha acordado solicitar informes jurídicos tanto desde los grupos parlamentarios como desde la Cámara para delimitar claramente el marco legal de las solicitudes de información y comparecencias. La presidenta ha recalcado la importancia del rigor: “Espero que se reciba toda la información que se va a solicitar” y “quiero subrayar que es importante estar a la altura de la situación para poder cumplir con el objetivo de esta comisión y hacerlo de una manera seria y rigurosa”.
En cuanto a las citaciones, se enviarán con al menos 15 días de antelación y deberán detallar los aspectos sobre los que el compareciente deba declarar. La incomparecencia sin justificación podrá derivar en la reiteración de la citación e incluso en responsabilidades penales por desobediencia. “Recordamos que las personas que se les vaya a llamar tienen la obligación de comparecer teniendo en cuenta todas las garantías procesales que sean de aplicación en cada momento”, ha reiterado Jiménez.
La comisión podrá seguir solicitando documentación adicional durante toda su vigencia, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025, con posibilidad de prórroga. Además, se contempla la comparecencia de personas expertas si fuera necesario para esclarecer aspectos técnicos o jurídicos.
Irati Jiménez ha cerrado su intervención con un llamamiento al conjunto de los grupos: “Les pido a los grupos parlamentarios que trabajen en este sentido”, apelando a una actitud constructiva y colaborativa para garantizar el éxito de una comisión que busca esclarecer posibles irregularidades en contrataciones públicas, y “recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
