En una comparecencia clave ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, el director general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, Pedro Andrés López Vera, defendió con firmeza el proceso de adjudicación a la UTE formada por Servinabar y Acciona de las obras millonarias de duplicación del túnel de Belate.
López Vera comenzó su intervención recordando su trayectoria profesional en la Administración navarra y subrayando que siempre ha actuado con "respeto absoluto y escrupuloso a la normativa vigente". Ante las preguntas insistentes de los senadores, especialmente de UPN y PP, negó tajantemente haber recibido instrucciones políticas para favorecer a Servinabar y afirmó que la licitación se resolvió conforme a criterios técnicos objetivos, valorando experiencia, capacidad y oferta económica. "Yo no he tenido ninguna instrucción, ni ninguna sugerencia para la adjudicación", afirmó.
Sobre posibles contactos previos con responsables de la empresa adjudicataria, López Vera aseguró que no mantuvo reuniones fuera del marco formal y reglado del órgano de contratación. Respecto a las dudas sobre la solvencia técnica de la UTE, explicó que la empresa cumplió con los requisitos del concurso, basándose en certificados presentados y valoraciones técnicas, aunque reconoció que hubo votos particulares y discrepancias internas en la mesa de contratación. "Los votos particulares reflejan discrepancias, no irregularidades ni ilegalidades", aclaró.
El director general hizo hincapié en que la adjudicación se ha sometido a varias auditorías y controles por parte de la Cámara de Comptos, la Intervención General del Gobierno de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas Anticorrupción, cuyos informes avalan la legalidad del procedimiento. "No hay corrupción ni daño patrimonial al erario público", aseveró, apuntando que la obra está en ejecución normal y no figura en ninguna investigación judicial ni ha sido recurrida en vía administrativa.
En cuanto a las críticas por posibles represalias contra técnicos que expresaron reparos en el proceso, López Vera afirmó que no hubo ningún traslado forzoso ni represalias y que la dirección general actuó con total transparencia. Además, defendió la urgencia y necesidad de la obra, vinculándola a una obligación legal europea de adaptar la infraestructura a normas de seguridad vial, después de años de incumplimiento por administraciones anteriores.
Sin embargo, senadores de la oposición advirtieron que persisten muchas sombras sobre la adjudicación, vinculándola a redes empresariales y políticas investigadas por presunta corrupción. Le preguntaron insistentemente por los vínculos con figuras como Koldo García y Santos Cerdán, acusados en el caso, y sugirieron que la adjudicación pudo responder también a intereses políticos más que a criterios técnicos.
López Vera se mostró molesto con estas insinuaciones y les pidió centrarse en los hechos y las pruebas aportadas en los informes oficiales: "Aquí no hay burdas conspiraciones, solo cumplimiento de ley y procedimientos". Concluyó aseverando que la seguridad vial y el interés público son prioritarios y que todo lo relacionado con la adjudicación podrá ser aclarado con la documentación que la Comisión requiera.
La comparecencia dejó en evidencia el debate político y técnico que rodea la obra del túnel de Belate, pieza central del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, y marca un nuevo capítulo en la investigación que sigue en curso en tribunales y ámbitos políticos.
