Los colectivos sociales Dar Etxea y Konsteilu Sozialista han convocado este lunes a los medios de comunicación para denunciar lo que califican como "una derechización progresiva" de las políticas sociales municipales en Iruñea. Según explican, el Ayuntamiento estaría sustituyendo el enfoque basado en la garantía de derechos por un modelo neoliberal de gestión de la pobreza que combina la externalización de servicios de acogida, la exclusión de los circuitos de acceso a la ciudadanía y la aplicación de dispositivos de control social sobre las poblaciones más vulnerables.
A su juicio, la actual emergencia habitacional no responde a una falta de previsión, sino que se ha convertido en un elemento estructural de un régimen de gestión racista de la pobreza que, dicen, levanta fronteras interiores y deja al descubierto la falta de cobertura de derechos humanos básicos. En la Comarca de Pamplona, el parque público de vivienda municipal asciende a 625 unidades, de las cuales solo 432 están en uso, mientras el Ayuntamiento abre expedientes de “recuperación” que, en la práctica, funcionan como desahucios administrativos sobre personas ya vulnerabilizadas. Los colectivos recuerdan, además, que existen varios espacios de propiedad pública en desuso que podrían destinarse a atender esta situación.
Critican que la institución responsable de atender la emergencia habitacional se haya convertido, en sus palabras, en una herramienta para expulsar, castigar y depurar población excedentaria. La situación de decenas de jóvenes que sobreviven a la intemperie a orillas del Arga o entre las ruinas del antiguo edificio Jaso es, según denuncian, un ejemplo claro de la manera en que el Ayuntamiento enfrenta los problemas sociales, con presencia policial, amenazas de desalojo y una criminalización abierta alimentada por discursos sobre el “efecto expulsión” y el “efecto llamada”.
Durante la comparecencia, los colectivos han reclamado al Consistorio que ponga a disposición de las personas sin hogar, especialmente durante el invierno, espacios municipales actualmente vacíos, entre ellos el edificio de Oscus, el antiguo cine Guelbenzu, la planta superior de la vieja estación de autobuses o cualquier otro inmueble en desuso. También piden la eliminación de barreras administrativas como el padrón para acceder a recursos básicos y la adopción de medidas concretas en materia de vivienda, entre ellas la elaboración de un censo de viviendas vacías, la imposición de gravámenes a las que no estén en el mercado de alquiler y la puesta en uso de las viviendas de titularidad pública.
Los colectivos han mostrado asimismo su disposición a gestionar de forma autoorganizada el uso de estos espacios como solución temporal a la emergencia habitacional. “No estamos ante un colapso del sistema social, sino ante una elección política sobre cómo afrontarlo”, han señalado, reivindicando la importancia de las redes de apoyo mutuo y solidaridad que buscan hacer frente al proceso de precarización creciente que afecta a un número cada vez mayor de personas en Pamplona.
