El procedimiento seguido para las obras de rehabilitación del edificio del antiguo Archivo General de Navarra se desarrolló conforme a la normativa de contratación pública. Así lo determina la Auditoría Externa encargada por el Ejecutivo foral a la firma Echarri & Díez, S.L.L., cuyo informe ha sido remitido este jueves a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. Como se recordará, este contrato fue adjudicado a una UTE entre Acciona y Servinabar, la empresa de Antxón Alonso que ha sido detenido este mismo jueves por una orden de un juez de la Audiencia Nacional, en otra causa abierta y de momento, secreta.
Según ha informado el Gobierno de Navarra, el documento confirma que todo el proceso —desde la licitación y adjudicación hasta la publicidad, formalización y ejecución del contrato— respetó lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio. El análisis incluye también la verificación del cumplimiento de los procedimientos previstos en la Orden Foral 27/2023 de la Consejera de Economía y Hacienda, relativos a la preparación del expediente, las mesas de contratación, los pliegos, los plazos y la ejecución de los trabajos.
La auditoría examina además la modificación aprobada tras la adjudicación inicial, que elevó en 467.000 euros el presupuesto hasta alcanzar los 2,9 millones. Sobre este punto, el informe sostiene que el cambio estuvo respaldado por “informes técnicos razonables” y que su tramitación fue “adecuada” conforme a la normativa vigente.
Con la entrega del informe al Parlamento, el Gobierno de Navarra da traslado oficial de las conclusiones del análisis externo solicitado para esclarecer y documentar el desarrollo del proyecto.
