El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha celebrado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) haya solicitado una auditoría interna sobre los proyectos tramitados a Forestalia, suspendiendo la tramitación de este macroproyecto.
Según el Gobierno central, esta acción responde a las preocupaciones medioambientales que llevaron al Gobierno de Navarra a oponerse al macroproyecto de la empresa aragonesa, que incluye la instalación de líneas de alta tensión para evacuar energía desde Aragón hasta la Comunidad Autónoma Vasca.
Lo cierto es que el ministerio de Sara Aagesen ha tomado esta iniciativa tras el estallido del denominado 'Caso Forestalia', con varios implicados, tanto dentro del ministerio como dentro de la empresa aragonesa, y no por iniciativa del Gobierno de Navarra.
Cabe recordar, que en todo caso, ya en 2020 y 2021, el Gobierno de Navarra emitió informes desfavorables sobre el proyecto. Sin embargo, al no ser considerados, en abril de 2024 decidió interponer un recurso judicial contra las resoluciones de la Administración General del Estado que otorgaban declaraciones de impacto ambiental favorables y autorizaciones administrativas previas a Forestalia. Estas autorizaciones permitirían al grupo privado desplegar cuatro líneas de alta tensión de 400 kilovoltios cada una.
El proyecto Mistral-Esfinge y sus implicaciones
El Ejecutivo foral recurrió específicamente las autorizaciones administrativas para el denominado ‘Proyecto Mistral-Esfinge’. Este proyecto involucra varias instalaciones de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación, que atravesarían el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. En febrero de 2024, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ya había expresado sus discrepancias con las resoluciones favorables del MITERD, argumentando que no se consideraron sus informes desfavorables debido a la incompatibilidad del proyecto con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales.
El Gobierno de Navarra también recurrió las resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que incluían declaraciones de impacto ambiental para parques eólicos y solares fotovoltaicos en Zaragoza. Estas infraestructuras de evacuación atravesarían la Comunidad Foral de Navarra, en cumplimiento de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, se presentó un recurso contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, que otorgaban autorizaciones administrativas previas conforme a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Cuestiones de forma y fondo en el conflicto
Las discrepancias del Gobierno navarro se basaron en cuestiones de forma y fondo. En cuanto a la forma, señalaron una fragmentación en el procedimiento seguido por la Administración General del Estado, lo que impidió una adecuada valoración global del proyecto y su impacto medioambiental. En cuanto al fondo, destacaron las previsibles consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, especialmente en especies catalogadas y espacios protegidos de la Red Natura 2000.
En la sesión del Gobierno de Navarra del 20 de febrero de 2024, se acordó interponer un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Este requerimiento fue presentado el 29 de febrero ante la Dirección General de Política Energética y Minas del MITERD, conforme al artículo 44 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Silencio administrativo y recurso contencioso-administrativo
Transcurrido un mes sin respuesta al requerimiento previo, se entendió desestimado por silencio administrativo. Ante esta situación, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra solicitó recurrir a la vía contencioso-administrativa. Esta medida fue aceptada en la sesión del Ejecutivo Foral del 17 de abril de 2024.
El recurso judicial sigue su curso en vía administrativa, reflejando las tensiones entre el Gobierno de Navarra y las autoridades estatales. La controversia se centra en la compatibilidad del proyecto con los valores ambientales y paisajísticos de la región, así como en la protección de especies y espacios protegidos. La decisión del MITERD de solicitar una auditoría interna podría influir en el desarrollo del caso, ofreciendo una oportunidad para revisar los procedimientos y decisiones tomadas en relación con el macroproyecto de Forestalia.
