El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, ha recomendado formalmente al Departamento de Cohesión Territorial que acelere la redacción y aprobación del proyecto de barreras acústicas en la carretera N-121 a su paso por Beriain, tras comprobar que las obras siguen sin fecha pese a que el Gobierno foral lleva más de un año trabajando en el proyecto.
La resolución, registrada con el número Q25/744, responde a la queja presentada en junio de 2025 por un vecino en representación de varios copropietarios del Paseo Alaiz, que denunciaban la contaminación acústica que sufren en sus domicilios por el tráfico de la N-121.
Un año de espera sin avances visibles
Cuando el Defensor recibió la queja inicial, en junio de 2025, se dirigió al Departamento de Cohesión Territorial para recabar información. En agosto de ese mismo año, el departamento respondió que ya estaba redactando el proyecto constructivo y que, una vez aprobado, se procedería a la licitación de las obras. Con esa respuesta, la institución dio el caso por cerrado.
Sin embargo, en abril de 2026, el mismo vecino volvió a llamar a la puerta del Defensor. En su escrito señalaba que los residentes no tenían "conocimiento del estado de ese trámite" y que la situación había empeorado: "Apreciamos en la localidad que debido a la subida del precio del combustible parece que pasan más vehículos por la localidad por la N-121 y cada vez tenemos más contaminación acústica".
El proyecto, frenado por unas tuberías
Consultado de nuevo, el Departamento de Cohesión Territorial informó en mayo de 2026 de que el proyecto seguía en fase de redacción y explicó el motivo del retraso: durante los trabajos técnicos se había detectado la existencia de dos tuberías subterráneas pertenecientes a una empresa de la zona, cuya ubicación exacta era necesario determinar antes de poder avanzar, dado que la cimentación de las pantallas podría verse afectada.
El Defensor, sin embargo, considera que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso justifica exigir mayor celeridad, independientemente de las dificultades técnicas encontradas.
Derechos constitucionales en juego
En su resolución, Vera Donazar recuerda que el ruido en los domicilios afecta a varios derechos reconocidos por la Constitución: el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la protección de la salud, la integridad física y moral, y la inviolabilidad del domicilio. También cita la legislación de suelo, que reconoce expresamente el derecho a una vivienda "libre de ruido u otras inmisiones contaminantes".
El Departamento de Cohesión Territorial tiene ahora un plazo máximo de dos meses para comunicar al Defensor si acepta la recomendación y qué medidas adopta para cumplirla. Si no lo hace, el caso podrá ser incluido en el informe anual que el Defensor presenta al Parlamento de Navarra.
