El Comité de Personas Refugiadas de CEAR Navarra ha llevado hoy sus testimonios al Parlamento de Navarra para trasladar de primera mano a los grupos parlamentarios las principales dificultades que afrontan en su proceso de integración social. La comparecencia ha pivotado sobre tres áreas críticas: la inclusión lingüística, la protección del colectivo LGTBQI+ y el acceso a vivienda digna.
Durante su intervención, miembros del Comité han compartido vivencias personales que reflejan la realidad cotidiana de quienes llegan a Navarra buscando protección. "En un momento en el que crecen los discursos que deshumanizan a quienes buscan protección o un futuro mejor, escuchar la voz de las propias personas refugiadas resulta más necesario que nunca", ha señalado Juan Ruiz Ardila, coordinador de CEAR Navarra.
La barrera del idioma frena la integración
El Comité ha identificado el castellano como una barrera importante para la inclusión administrativa y laboral. El acceso limitado a cursos con certificación oficial obstaculiza la progresión personal y profesional de las personas refugiadas.
Entre las propuestas elevadas al Parlamento destaca la ampliación de la oferta pública de cursos de español en todos los niveles, con horarios flexibles que se adapten a las responsabilidades laborales y familiares. Asimismo, solicitan garantizar el acceso a certificados oficiales y eliminar barreras económicas para el aprendizaje del idioma.
Vulnerabilidad del colectivo LGTBQI+ en entornos laborales
El Comité ha alertado sobre situaciones de especial vulnerabilidad entre personas refugiadas LGTBQI+, caracterizadas por acoso continuado, discriminación y comentarios despectivos en el ámbito laboral y social.
Para hacer frente a esta realidad, reclaman el refuerzo de mecanismos de protección, mayor coordinación entre administraciones e implantación de protocolos efectivos de prevención y acompañamiento a víctimas de acoso.
La crisis de vivienda golpea a las familias refugiadas
Quizás el problema más acuciante es el acceso a vivienda. El Comité ha denunciado la grave escasez de Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler, así como su concentración territorial en Pamplona y comarca.
El Comité ha compartido casos reales de familias monoparentales que pagan más de 500 euros por una sola habitación sin posibilidad de empadronamiento. Esta situación bloquea el acceso a derechos básicos y perpetúa situaciones de informalidad. Los propietarios muestran reticencias a alquilar a personas refugiadas, mientras que los alquileres clandestinos y el subarrendamiento irregular impiden la empadronación necesaria para acceder a servicios públicos.
Entre las soluciones propuestas figuran el incremento significativo de la oferta de VPO en alquiler, la adaptación de ayudas públicas a los precios reales del mercado y la creación de un programa público de garantías.
Expectativa en el arco parlamentario
Desde CEAR Navarra confían en que las propuestas presentadas sean asumidas por los grupos parlamentarios para impulsar políticas públicas que garanticen derechos reales e inclusión efectiva.
Abdoulaye Sangare, delegado y miembro del Comité, ha expresado su gratitud: "Agradecemos profundamente a CEAR por haber creído en nosotros y por ayudarnos a ser la voz de quien no tiene voz".
