CCOO de Navarra ha denunciado este viernes supuestas irregularidades y opacidad de, al menos, 10 ayuntamientos de Navarra en relación con la financiación de los servicios sociales de base. El sindicato ha concluido que varios ayuntamientos no pagan como corresponde a las personas trabajadoras que desempeñan una labor que se financia, en parte, con dinero público procedente del Gobierno de Navarra. La central sindical ya ha interpuesto un recurso al TAN. El PSN, en un comunicado ha negado que sea cierto esto y pide una "rectificación inmediata al sindicato".
Los 10 ayuntamientos y mancomunidades sobre los cuales CCOO ha hallado irregularidades en la financiación son Artajona, Ayegui, Los Arcos, Mendavia, Viana, Mancomunidad del Valle de Queiles (Ablitas, Barillas, Castante, Monteagudo, Murchante y Tulebras), Buñuel, Navascués, Cintruénigo e Iranzu.
Los ayuntamientos y mancomunidades que cobran complementos de financiación para los servicios sociales de base tienen marcado en el decreto foral 48/2020 que “los costes salariales se realizarán en función del salario base, complementos del puesto y nivel equivalente al personal al servicio de la administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Esto, para CCOO, implica que el Gobierno de Navarra financia los servicios sociales de base con unos complementos y salarios concretos que, de manera voluntaria por parte de las administraciones locales, no son cobrados por las trabajadoras.
Sin embargo, la investigación sindical, jurídica y política del sindicato concluye que las retribuciones de las personas trabajadoras no concuerdan con los salarios de la administración del Gobierno de Navarra. En consecuencia, existe una derrama de dinero público que no llega a destino y del que urge conocer, caso por caso, dónde queda. Es decir, los ayuntamientos reciben un dinero concreto para pagar salarios que finalmente no utilizan para ello.
En el Ayuntamiento de Artajona –en el que más pruebas se han podido recabar- el caso ya está en manos del TAN. CCOO ha recurrido la plantilla orgánica de este consistorio con el objetivo de aclarar y corregir estas irregularidades. El sindicato tiene previsto interponer nuevos recursos contra las plantillas orgánicas de otros ayuntamientos que no cumplan con la retribución que deben pagar a las personas trabajadoras.
Así mismo, el sindicato ha reclamado la intervención de la Cámara de Comptos para esclarecer dónde queda el dinero que el Gobierno de Navarra destina a las administraciones locales pero que no llega a los servicios para los que se financia. Para ello, el sindicato hará llegar una propuesta de informe a todos los grupos parlamentarios.
En opinión de CCOO, el Gobierno de Navarra debe ejercer de agente fiscalizador para que el dinero público que sale de sus cuentas se destine, de manera total, a financiar correctamente los servicios públicos. CCOO tratará de reunirse con todas aquellas entidades locales que estén haciendo un mal uso de esta financiación para corregir de forma urgente esta situación.
Un sector estratégico
El sector de los cuidados y el de los servicios sociales da trabajo a cerca de 13.000 personas en la Comunidad Foral. “En concreto el de los servicios sociales de base es un sector muy feminizado, con altas tasas de jornadas parciales, envejecido y con salarios bajos”, ha expuesto el secretario de políticas sociales de CCOO, Joseba Eceolaza. “Estamos ante una práctica que supone un deterioro de la igualdad salarial entre personas que hacen el mismo trabajo pero en diferentes ayuntamientos”.
Lucía Sesma, secretaria general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO ha expresado que “es evidente que existe, no solo un incumplimiento por parte de los ayuntamientos, sino también una falta de control y fiscalización por parte del Gobierno de Navarra, que es quien financia y por lo tanto tiene la capacidad y obligación de control”.
“Velar por la igualdad de derechos de todas las trabajadoras de los servicios sociales de base no puede estar determinado por la gestión particular de cada ayuntamiento –ha añadido Sesma-. Por eso, creemos que el control y fiscalización de este tipo de transferencias no solo contribuyen a evitar irregularidades o un mal uso del dinero público, sino que ayudan a que los derechos salariales sean los mismos y a prestigiar el trabajo social que se realiza en los Servicios Sociales de Base” ha concluido.
