El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido recientemente una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Pamplona que «intensifique las medidas de vigilancia, control y, en su caso, correctoras» para garantizar los derechos de las personas residentes en el entorno de la Plaza Compañía, una zona del Casco Antiguo afectada desde hace años por problemas derivados del incivismo y el botellón.
La resolución (Q25/245), publicada por el área de Energía y Medio Ambiente, responde a una queja presentada por un vecino de la plaza, quien denunció tanto las molestias persistentes generadas por el ocio nocturno como la falta de respuesta a múltiples escritos dirigidos al Área de Seguridad Ciudadana del Consistorio. El Defensor recuerda en su escrito que el Ayuntamiento tiene el deber legal de atender y responder formalmente a las peticiones que recibe.
El autor de la queja, vecino desde hace dos décadas, relata que desde la pandemia el entorno de la Plaza Compañía se ha transformado en un punto habitual de consumo de alcohol en la vía pública, con especial incidencia durante los jueves (juevintxo), fines de semana y vísperas de festivos. Según expone, la situación ha derivado en un «grave deterioro de la calidad de vida» de los residentes, acompañado de ruidos, vandalismo, uso de urinarios improvisados, inseguridad y suciedad extrema, incluyendo excrementos humanos.
Aunque reconoce que se ha intensificado la limpieza por las mañanas, el denunciante considera que dicha medida resulta «insuficiente y costosa», y critica duramente que no se hayan adoptado soluciones de fondo: «No se debería limpiar más, sino ensuciar menos».
El Ayuntamiento, en su respuesta al Defensor, asegura haber gestionado las quejas y relata varias actuaciones llevadas a cabo por Policía Municipal desde 2022, incluidas órdenes de servicio específicas para controlar el incivismo en la zona. No obstante, en todos los casos, los partes concluyen que «no se detectaron incidencias destacables».
Desde el Grupo de Policía Comunitaria, se confirma que en febrero de 2025 se celebró una reunión con vecinos, a la que asistieron también las concejalas Maider Beloki y Zaloa Basabe. En dicho encuentro se reconoció la limitación de recursos policiales y se expuso que los problemas que sufren los residentes son de carácter «más general que particular». Además, se señaló que no constaban quejas directas en esa unidad, aunque sí se había intervenido con bares cercanos por molestias.
A juicio del Defensor del Pueblo, sin embargo, los efectos del botellón exceden el ámbito de lo anecdótico. La institución subraya que los ruidos persistentes en el domicilio vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, a la protección de la salud, a la integridad física y moral, y a un medio ambiente adecuado.
Ante ello, el Defensor considera que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad para garantizar una convivencia equilibrada entre el derecho al ocio y los derechos de las personas residentes: «Resulta necesario adoptar, sin más demora, medidas eficaces que reduzcan o eliminen los efectos perniciosos de esta situación reiterada», concluye la resolución.
