La Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gaz Kaló, ha denunciado públicamente este lunes la situación de «maltrato, abandono institucional y antigitanismo» por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), debido a los retrasos acumulados en la firma de un convenio clave para el desarrollo del Programa de Promoción de la Salud de la Comunidad Gitana en zonas rurales de Navarra.
Según explica la entidad, la falta de acuerdo está afectando de manera directa a las promotoras de salud, figuras fundamentales en el programa, muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y con cargas familiares. «La incertidumbre generada está provocando angustia en las promotoras y en el equipo técnico de Gaz Kaló», ha alertado el coordinador de la federación, Ricardo Hernández Jiménez.
Desde diciembre de 2024, Gaz Kaló asegura que ha asumido en solitario todos los costes de gestión y contratación de las siete promotoras de salud implicadas, recurriendo incluso a créditos bancarios para mantener a flote el programa. «En estos últimos seis meses hemos hipotecado y agotado todos nuestros recursos económicos», ha afirmado la federación, que advierte que ya no puede seguir sosteniendo esta situación ni cubrir los desplazamientos de las mediadoras a Pamplona para las sesiones de formación.
La organización señala además que ha trasladado reiteradamente al ISPLN y al consejero de Salud sus dudas sobre la legalidad de ciertas cláusulas del convenio, preocupada por una posible «cesión ilegal de trabajadoras» y por un «incumplimiento de la Ley de Protección de Datos». Critican que, aunque el ISPLN presenta el programa como público, en realidad se trata de un proyecto subvencionado, sin una licitación que dé cobertura legal adecuada a su funcionamiento.
«Nos sentimos utilizados como un CIF contratante pero sin derecho a preguntar, discrepar ni participar en la toma de decisiones», han lamentado. Por ello, Gaz Kaló ha decidido hacer pública esta denuncia, instando al Gobierno de Navarra y a los grupos políticos del Parlamento foral a intervenir de forma urgente.
La entidad recuerda que este 2025 ha sido declarado Año del Pueblo Gitano y subraya que el programa que ahora peligra ha sido reconocido a nivel estatal y europeo. «Es una irresponsabilidad que el ISPLN retrase un acuerdo que pone en riesgo a las promotoras, a nuestra entidad y al propio programa», han concluido.
