El grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno de Navarra para conocer el estado actual del proyecto CorreosLabs, acordado en 2022 entre el Ejecutivo foral y la empresa pública Correos, y del que hasta ahora no se tienen noticias. La pregunta, firmada por el parlamentario Ángel Ansa Echegaray cobra especial interés al estar vinculada a Leire Díez, una de las firmantes del acuerdo por parte de Correos y cuyo nombre ha adquirido relevancia política y mediática en las últimas semanas.
Díez, militante socialista, ha sido señalada por varios medios de comunicación como «la fontanera» del PSOE tras la difusión de unas grabaciones en las que aparece tratando de recabar información comprometedora sobre el jefe de la UCO que investiga al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, entre otros. La propia Díez ha alegado que se trataba de una búsqueda de información para un libro que estaba escribiendo. Aun así, el PSOE le ha abierto un expediente interno.
El acuerdo de colaboración para la creación de CorreosLabs Navarra se firmó en septiembre de 2022 y preveía la instalación de un espacio de innovación multidisciplinar en la primera planta de la sede de Correos en el Paseo de Sarasate de Pamplona/Iruña. El objetivo, según defendía el entonces consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, era posicionar a Navarra como un territorio de referencia en innovación abierta, dentro del proyecto Navarra as a Living Lab.
Junto a Cigudosa, firmaron el acuerdo el director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Francisco Fernández; la propia Leire Díez, entonces directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos; y Edelmiro Castro, director gerente de Activos e Instalaciones de la compañía.
UPN pregunta ahora al Ejecutivo navarro si el proyecto ha llegado a desarrollarse, qué compromisos adquirió el Gobierno foral en el acuerdo, y, en caso contrario, qué razones han motivado su paralización. La pregunta fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento el 2 de junio y deberá ser respondida por escrito.
El caso añade un nuevo elemento al debate político sobre la transparencia en los acuerdos institucionales, más aún cuando una de las responsables del convenio está ahora en el centro de una controversia nacional que salpica indirectamente al partido que sustenta al Gobierno de España.
