El Tribunal Supremo ha dado un giro de enorme trascendencia institucional al abrir procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Penal, Ángel Luis Hurtado, considera que existen indicios sólidos de que ambos altos cargos del Ministerio Fiscal filtraron a un medio de comunicación el contenido de un correo confidencial enviado por el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al fiscal del caso.
El correo, fechado el 2 de febrero de 2024, incluía información personal y una propuesta de conformidad penal, en la que el letrado admitía los hechos en nombre de su cliente y mostraba disposición a resarcir económicamente el daño causado a Hacienda. Según el auto, la información habría sido sustraída del ámbito reservado de comunicación entre letrado y fiscal para desmentir informaciones publicadas en prensa, y acabó difundida en el programa Hora 25 de la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024.
El magistrado destaca que la filtración tuvo un origen directo en la Fiscalía General del Estado, desde donde se inició un intercambio urgente de mensajes y llamadas tras la publicación de un reportaje en El Mundo que señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al investigado. Con el objetivo de “ganar el relato”, García Ortiz solicitó a Rodríguez que recabara los correos del caso, que le fueron remitidos a su correo personal, y posteriormente facilitados al citado medio de comunicación.
Una actuación con “efectos perjudiciales” para el derecho de defensa
En su resolución, el magistrado subraya que el correo en cuestión se encontraba amparado por la reserva y confidencialidad propias de cualquier negociación penal entre partes, y que su difusión “quebrantó derechos fundamentales del afectado”, además de comprometer la imagen y neutralidad del Ministerio Fiscal.
“El prestigio de la institución queda en entredicho”, afirma el juez, que pone el foco en el hecho de que la filtración fue usada también con fines políticos. Según el auto, el correo fue remitido desde la Fiscalía General al Gabinete de Presidencia del Gobierno, que, a su vez, lo habría utilizado para preparar la intervención del portavoz socialista Juan Lobato contra Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Destrucción de pruebas
Durante la investigación, se descubrió que el fiscal general había borrado toda la información contenida en sus dispositivos móviles antes de su intervención, “frustrando así” la obtención de pruebas relevantes. En contraste, la fiscal jefe de Madrid sí conservaba registros que confirmaban el envío del correo a García Ortiz.
El juez también desestima los argumentos de las defensas, que alegaban que la información no podía considerarse secreta por haber sido previamente difundida. Hurtado sostiene que el carácter confidencial de los datos personales no desaparece por el hecho de que existan otras comunicaciones públicas, y que el consentimiento para divulgar un correo no implica autorización para difundir otro distinto.
El caso, camino del juicio
Con este auto, el magistrado da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que presenten escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento, lo que deja abierta la puerta a la apertura de juicio oral contra los dos altos fiscales del Estado.
Se trata de un caso de extraordinaria gravedad institucional, en el que el máximo responsable del Ministerio Público podría sentarse en el banquillo por un delito que afecta a la intimidad de un ciudadano, la confidencialidad procesal y la neutralidad del sistema judicial.
Este procedimiento se suma a un clima de creciente tensión entre la Fiscalía, el Poder Judicial y los principales actores políticos, en un momento en el que se cuestiona abiertamente la independencia de las instituciones y su posible instrumentalización partidista.
La noticia sacude de lleno a la cúpula del Ministerio Público, que hasta ahora había mantenido un discurso cerrado en defensa de su actuación. La instrucción apunta a que las revelaciones no solo fueron deliberadas, sino coordinadas y con una clara finalidad comunicativa y política. El futuro judicial del fiscal general del Estado, y con él la estabilidad del Ministerio Fiscal, queda ahora en manos del Tribunal Supremo.
