La consejera portavoz y titular de Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, respondió este miércoles a las preguntas sobre el registro llevado a cabo por la Guardia Civil en una empresa de Pamplona, en el marco de una operación judicial. López aseguró con rotundidad que el Ejecutivo foral no ha recibido «ningún requerimiento, ni judicial ni de la Guardia Civil», y que el conocimiento de los hechos ha llegado exclusivamente «a través de los medios de comunicación».
Preguntada por posibles contactos entre el empresario Víctor Aldama y miembros del Gobierno de Navarra o del PSN, la portavoz fue tajante: «Desde el Gobierno de Navarra no nos consta para nada ningún tipo de contacto». Ante la posibilidad de que se hayan recibido obsequios, agasajos o beneficios de empresas concesionarias de obra pública, López subrayó que «todos los miembros de este Gobierno actúan ajustándose a la legalidad, de forma totalmente transparente y honesta».
«La respuesta es no», recalcó, destacando la confianza interna en la limpieza de las actuaciones del Ejecutivo: «Nada más allá que una actuación impecable».
En su condición también de consejera de Justicia, Amparo López expresó «máximo respeto a las diligencias judiciales» practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Ese es nuestro sentimiento: respeto. No preocupación», dijo. Añadió que el Gobierno confía «plenamente» en el trabajo de los investigadores y reiteró la «impecabilidad» de su gestión.
En cuanto a la solicitud de UPN y del Partido Popular para que la presidenta María Chivite comparezca de forma urgente y se habilite el verano para constituir una comisión de investigación en el Parlamento, López respondió que «será el Parlamento quien lo apruebe», pero reiteró que el Gobierno foral «está dispuesto a comparecer y a dar toda la información necesaria». En ese sentido, destacó que el Ejecutivo ya ha respondido «a 37 iniciativas» en lo que va de legislatura.
El registro en la empresa pamplonesa y sus posibles vínculos con adjudicaciones públicas amenazan con tensar aún más el clima político navarro, mientras el Ejecutivo insiste en su transparencia y la oposición exige explicaciones.
