El Ayuntamiento de Pamplona respalda la solicitud presentada por la Ikastola Jaso para adelantar el derribo de los antiguos edificios e instalaciones que posee en la avenida de Aróstegui 12, en el barrio de Etxabakoitz. Se trata de unas construcciones fuera de ordenación, en evidente estado de deterioro y actualmente ocupadas por personas que residen en condiciones precarias y sin los mínimos servicios básicos de salubridad.
La propuesta, promovida por la propia ikastola como propietaria del solar, plantea la formalización de un convenio urbanístico con el Consorcio de Alta Velocidad –administración única actuante del ámbito–, que le permita buscar financiación externa con la que hacer frente a los costes de demolición y limpieza. El importe total estimado para estas actuaciones asciende a 141.938,74 euros.
En su escrito, la ikastola advierte de la imposibilidad de afrontar por sí sola ni los costes ni el desalojo, dado que no dispone de capacidad económica ni coactiva. Asegura que la única solución viable, previa autorización judicial, es la demolición total de las instalaciones, ya que el deterioro de los inmuebles y la falta de actividad en ellos desde hace más de 20 años han propiciado su ocupación como infravivienda.
Además del apoyo al derribo, la ikastola solicita que se mantengan los derechos urbanísticos reconocidos en el Proyecto de Reparcelación del PSIS, valorados en 1,22 millones de euros, una cuestión que será objeto de análisis jurídico por parte del Ayuntamiento. También se ha pedido la convocatoria de una reunión del Consorcio de Alta Velocidad para iniciar la negociación del convenio.
Dicho convenio debería reconocer el derribo y limpieza como carga de urbanización, beneficiando a quien lo costee por anticipado. El Consorcio será quien determine la viabilidad de firmar el acuerdo, así como las condiciones del desalojo y la ejecución del derribo, y, en su caso, garantizar las indemnizaciones correspondientes.
Desde que cesó la actividad educativa hace más de dos décadas, se procedió al cierre de los edificios con clausura de accesos. Sin embargo, en los últimos años han sido progresivamente ocupados, agravando su estado de abandono. El Ayuntamiento ve ahora una oportunidad para resolver esta situación, siempre que se logre articular un mecanismo jurídico y económico adecuado para su ejecución.
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