Con un firme compromiso con la independencia judicial y el servicio público, María Jesús Azcona Labiano ha tomado hoy posesión como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). En su discurso, ha defendido con contundencia la labor de los jueces, afirmando que “ni los ataques directos ni indirectos minarán la vocación de servicio y de atención al ciudadano”.
Azcona asume el cargo tras la marcha de Francisco Pueyo Calleja, quien ostentó la presidencia desde 2015 hasta su reciente incorporación al Tribunal Supremo. El acto de toma de posesión ha tenido lugar ante la Sala de Gobierno del TSJN, en un acto solemne con amplia representación institucional y judicial.
La magistrada pamplonesa, con más de dos décadas de trayectoria en la jurisdicción contencioso-administrativa, ha hecho una emotiva mención a la labor del tribunal durante la pandemia de 2020. Recordó el esfuerzo del equipo judicial al tener que resolver “un día sí y otro también” sobre restricciones que afectaban a derechos fundamentales de la ciudadanía, como el derecho de manifestación o el cierre de establecimientos. “Fue un trabajo silencioso, sin precedentes y sostenido durante largos meses”, destacó.
En el acto estuvieron presentes autoridades como el presidente del TSJN, Joaquín Galve; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López; y el fiscal superior, Jaime Goyena. Azcona estuvo arropada por sus compañeros de Sala y dos de ellos, Antonio Sánchez y Ana Irurita, ejercieron como padrinos en su toma de posesión.
Con una sólida carrera profesional que comenzó en juzgados del País Vasco y se consolidó en Navarra, Azcona también mantiene una vinculación con la docencia como profesora del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pública de Navarra.
Su nombramiento refuerza el liderazgo femenino en la judicatura navarra y supone una apuesta clara por la defensa del Estado de Derecho y el compromiso con los derechos ciudadanos desde la más alta instancia contenciosa del territorio.
