Lorenzo Serena Puig, secretario de la mesa de contratación de los túneles de Belate, compareció ante la Comisión de Investigación del Senado para arrojar luz sobre los contratos vinculados a la Operación Delorme y la posible trama de corrupción cercana a Koldo García Izaguirre. En su comparecencia, Serena —con casi tres décadas de experiencia en la administración navarra— defendió con firmeza la importancia de la legalidad y la transparencia en los procesos públicos, subrayando la excepcionalidad y la gravedad de las irregularidades detectadas en la adjudicación.
Señaló que la dinámica de la mesa resultó “inusual”, destacando que el informe técnico, lejos de responder a un acuerdo colegiado, fue determinado por el voto del presidente después de que cada vocal remitiera sus valoraciones de modo individual; remarcó que la firma de las actas reflejaba solo conformidad formal y no respaldo unánime a la propuesta definitiva, algo que contradice la versión oficial del consejero.
Para el secretario, la falta de motivación objetiva de las puntuaciones técnicas, en un contexto salpicado de rumores sobre la preadjudicación a una UTE concreta, amenazaba la credibilidad del proceso y promovía la arbitrariedad, mientras el aumento del número de vocales no necesariamente suponía mayor transparencia si no se respetaban los principios del procedimiento.
A lo largo del proceso se sucedieron versiones del informe de valoración, y tras la conclusión formal de la mesa, detectó que el órgano de contratación solicitó un certificado de solvencia ajeno a la competencia colegiada, práctica “viciada de nulidad” según el propio Serena, por contravenir la legalidad y extralimitar el marco competencial. Reconoció que tanto sus superiores como el consejero eran conocedores de las incidencias, los retrasos y las controversias, y relató presiones para adjudicar la obra antes de fechas señaladas.
Como consecuencia de un concurso de traslados, pidió un desplazamiento a otro puesto, y acabó en una oficina en Landaben, con un "despachito debajo de una escalera", hecho que puso en conocimiento de la oficina anticorrupción y que finalmente llevó a su restitución. Serena además ha confirmado que el director general de Obras, Pedro López le pidió perdón por lo ocurrido con su puesto.
En su exposición, Serena defendió el valor del asesoramiento jurídico y el deber ético de los empleados públicos en la denuncia de cualquier posible irregularidad ante la Oficina Anticorrupcion, lamentando que, en ausencia de recursos por parte de las empresas o la administración, las ilegalidades detectadas pueden quedar impunes.
