La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso ERE, que anularon parcialmente las condenas de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El tribunal andaluz ha adoptado esta decisión mediante un auto fechado el 14 de julio y notificado hoy a las partes. En él, suspende la ejecución de las resoluciones dictadas por el TC hasta que el TJUE responda a las cuestiones planteadas. La medida busca, según los magistrados, evitar “un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y proteger “los intereses financieros de la Unión Europea”.
En su resolución, la Audiencia de Sevilla expresa sus dudas sobre la compatibilidad de las sentencias del TC con el Derecho europeo y la jurisprudencia del TJUE. A su juicio, la interpretación que el Constitucional hace de los delitos de prevaricación y malversación “podría generar un espacio de impunidad” en la persecución de la corrupción política, al establecer criterios que eximen de responsabilidad a los altos cargos por actos vinculados a la tramitación de leyes presupuestarias con fines supuestamente ilícitos.
Los magistrados alertan de que esa doctrina del TC podría suponer “una exención de responsabilidad penal” por actuaciones que afectaron a fondos públicos y que habrían quedado “fuera de todo control”, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de lucha contra el fraude y la corrupción.
Además, el tribunal sevillano subraya que las resoluciones del TC podrían haber invadido competencias reservadas a los tribunales ordinarios, en particular del Tribunal Supremo, y advierte del “daño institucional” que ello podría causar.
En total, la Audiencia formula cuatro preguntas al TJUE, en las que cuestiona, entre otros aspectos, si los tribunales nacionales pueden inaplicar sentencias del TC cuando estas resulten contrarias al Derecho de la Unión y si es compatible con los tratados europeos la interpretación del TC que deja fuera del control judicial la actividad presupuestaria previa a la aprobación de las leyes.
La decisión del tribunal sevillano supone un nuevo giro en el caso ERE, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Andalucía, con más de 680 millones de euros en ayudas concedidas de forma irregular entre 2000 y 2009.
La Audiencia insiste en que la interpretación del Constitucional podría implicar la absolución o una reducción casi total de las penas impuestas, y recalca que el Derecho europeo exige sanciones “eficaces y disuasorias” ante este tipo de infracciones.
Con este auto, la causa queda temporalmente paralizada en lo relativo a la ejecución de las sentencias del TC hasta que el TJUE se pronuncie, en una decisión que podría marcar un precedente sobre el alcance del control constitucional en los Estados miembros frente a la primacía del Derecho comunitario.
