Navarra reafirma su competencia educativa tras sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato STEILAS, ratificando así la competencia exclusiva de Navarra en materia de función pública y educación. La sentencia respalda la decisión del Gobierno de Navarra de crear puestos docentes fuera de los cuerpos estatales, permitiendo a 352 profesionales ver garantizada su trayectoria profesional.
El consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, valoró positivamente la sentencia que reconoce las competencias históricas de autogobierno de Navarra. La decisión judicial niega la exclusividad del personal docente estatal en la prestación de servicios educativos, permitiendo la contratación de personal con perfil de lengua extranjera para el Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI).
La sentencia del Tribunal Supremo se basa en los artículos 48 y 49 de la LORAFNA, que confirman la competencia autonómica exclusiva para definir plantillas y puestos de trabajo del profesorado. Esto impide cualquier reproche jurídico a la oferta de empleo público impugnada por el sindicato STEILAS, fortaleciendo así la autonomía de Navarra en la gestión educativa.
El Tribunal Supremo respalda la ley foral 11/2022
La ley foral 11/2022, que permitió la creación de plazas docentes con perfil de lengua extranjera, ha sido respaldada por el Tribunal Supremo. La sentencia coincide con la resolución del Defensor del Pueblo de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, dejando abierta la posibilidad de integrar este personal en los cuerpos docentes estatales en el futuro.
Carlos Gimeno explicó que el Departamento de Educación podrá contratar según las necesidades del sistema educativo navarro, lo que mejorará su calidad. La ley foral 11/2022 encomienda al Gobierno de Navarra realizar los trámites necesarios ante la Administración del Estado para integrar este personal en los cuerpos docentes nacionales, aunque la competencia sigue en manos del Estado.
La sentencia del Tribunal Supremo representa un respaldo decisivo a la apuesta del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra en la defensa de sus competencias. La comunidad foral ve así reconocidas sus competencias históricas de autogobierno, fortaleciendo su capacidad para gestionar el sistema educativo de manera autónoma.
Finalmente, esta decisión judicial refuerza la posición de Navarra en la gestión de su sistema educativo, permitiendo a 352 profesionales continuar su trayectoria como funcionarios. La sentencia del Tribunal Supremo se convierte en un hito para la comunidad, consolidando su competencia exclusiva en materia de función pública y educación.
