La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, compareció este miércoles ante la Comisión de Régimen Foral, en una sesión marcada por la polémica en torno al proyecto Mina Muga y la reciente renuncia de un inversor chino clave para la iniciativa empresarial en el territorio navarro, tal y como reclamó Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La comparecencia, solicitada por el portavoz de UPN, Javier Esparza, tenía como principal objetivo arrojar luz sobre las gestiones realizadas por el gobierno foral para impulsar el proyecto minero —ya largamente demorado— y para tratar de despejar las dudas sobre el impacto que los recientes escándalos judiciales y mediáticos pudieran tener sobre la salida del inversor asiático.
Esparza comenzó su exposición subrayando el “enorme daño reputacional” que, a su juicio, han causado las sombras de corrupción que sobrevuelan el proyecto. Los nombres de Santos Cerdány Koldo García, ambos investigados en la trama conocida como “caso Koldo”, fueron recurrentes en sus intervenciones. Esparza sostuvo que la implicación de personajes cercanos al socialismo navarro habría sido la razón principal de la retirada de la empresa china, que renunció a invertir cerca de 300 millones de euros tras estallar el escándalo.
UPN insistió en la necesidad de transparencia, interrogando a la presidenta sobre las reuniones mantenidas con los citados implicados y el papel que jugaron en el proceso, así como sobre la lentitud administrativa y las sentencias judiciales que mantienen el proyecto paralizado.
Chivire insiste en la rigurosidad del proceso administrativo, largo
En su intervención, María Chivite defendió la gestión de su gobierno, destacando el carácter privado del proyecto y subrayando que la decisión del gigante inversor chino de marcharse afecta tanto al proyecto navarro como a otro de mayor dimensión en Canadá, por lo que, a su juicio, no se puede establecer una relación directa con las filtraciones o la situación política de Navarra.
Chivite detalló el “riguroso y largo proceso administrativo” que desde 2011 ha acompañado a Mina Muga, recalcando que hasta ahora se han emitido más de 80 informes favorables y que el proceso ha seguido escrupulosamente los requisitos legales. Defendió que los encuentros institucionales con la empresa se han mantenido en todos los gobiernos, independientemente del color político, y enumeró las reuniones sostenidas con directivos de Geoalcali y representantes de fondos e instituciones, tanto nacionales como internacionales.
Sobre las dudas planteadas por UPN, la presidenta respondió que las razones de la retirada fueron propias de la empresa china, sin que se haya comunicado oficialmente los motivos a su gobierno. Recordó también que la paralización actual se debe a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre un defecto de forma en la concesión minera, y que la resolución del recurso presentado por Navarra, Aragón y el Estado será decisiva para desbloquear el proyecto.
Respuestas de los grupos parlamentarios
Desde el Partido Socialista de Navarra, la portavoz Ainhoa Unzu, incidió en el carácter especulativo y “falso” del relato de UPN, calificando la comparecencia de “basada en especulaciones”. Defendió la actuación del Gobierno de Navarra y recordó que no existe ningún indicio ni investigación judicial que afecte a la administración autonómica en cuanto a la adjudicación de obras relacionadas con Mina Muga.
Por su parte, los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, y Contigo Zurekin mantuvieron posturas críticas ante el proyecto, alertando sobre sus inseguridades jurídicas, medioambientales y políticas.
Geroa Bai fue especialmente prudente, recordando la importancia de la comisión de investigación en curso y el arco temporal que abarca desde 2011, cuando —según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO)— aparecen los primeros nexos investigados.
EH Bildu, por otro lado, subrayó las “inseguridades de todo tipo” y recordó los problemas estructurales que arrastra la iniciativa.
Contigo Zurekin denunciaron el modelo empresarial especulativo detrás de Mina Muga, criticando la falta de transparencia y remarcando la importancia de proteger el interés ambiental y el modelo económico de la región frente a iniciativas extractivas que favorecen movimientos bursátiles y no la prosperidad local.
El pulso por la imagen y la viabilidad
La comparecencia transcurrió en un clima bronco y en ocasiones tenso, con Esparza reiterando sus acusaciones sobre la implicación de la “sombra de corrupción” y la falta de respuestas concretas sobre los protagonistas implicados en las reuniones institucionales. Chivite, por su parte, respondió detallando la asistencia registrada y el carácter institucional de las reuniones, defendiendo su gestión y la solvencia del gobierno navarro. Reclamó respeto ante los ataques personales e insistió en el apoyo institucional al proyecto, manifestando que la responsabilidad última del avance depende del marco judicial y administrativo y no de la acción política.
Claves pendientes
Aunque la comparecencia permitió exponer los argumentos de cada grupo y conocer en detalle el proceso administrativo y político del proyecto, la pregunta central sobre las motivos reales de la renuncia del inversor chino quedó sin respuesta definitiva. Chivite reiteró que nadie puede hablar en nombre de la empresa y convidó a los parlamentarios interesados a plantear sus dudas directamente a los responsables de Geoalcali.
El final de la sesión elevó la tensión con un cruce directo entre Chivite y Esparza. La presidenta espetó a Esparza que mostraba “cierto tic de hacer afirmaciones con tufo machista” al decir que en Navarra mandan Cerdán u Otegui. Subrayó que ella dirige el socialismo navarro desde diciembre de 2014 y la comunidad desde agosto de 2019, y añadió que “las mujeres que dirigimos no necesitamos hombres que nos tutoricen en nuestras acciones”.
En respuesta, Esparza pidió una rectificación pública de Chivite y calificó sus palabras como “mentira taxativa”, exigiendo al presidente de la comisión que interviniera para clarificar la situación.
