El exdelegado de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Merino Vera, ha comparecido este miércoles por la mañana en la Sala Clara Campoamor ante la Comisión de Investigación del Senado sobre los contratos y operaciones públicas relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, en el marco de la Operación Delorme y los presuntos delitos de corrupción vinculados.
Desde el primer minuto, la sesión estuvo marcada por el carácter público y judicial de la comparecencia: Merino, advertido de su obligación de decir la verdad, dejó claro su posición. “Al estar inmerso en un proceso judicial, me acogeré a mi derecho de no responder a todas o algunas de las preguntas, en garantía de mi defensa”, afirmó ante las preguntas incisivas de la comisión, que buscan aclarar si desde Acciona se pagaron mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
La comisión no eludió el tema candente de los supuestos pagos de hasta un millón de euros en mordidas por adjudicaciones de obras públicas, principalmente relativas a ADIF y la Dirección de Carreteras bajo el Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos. A Merino se le atribuye haber iniciado en Navarra este método de pago desde 2015, extremo que negó tajantemente: “No tengo ningún conocimiento de nada que se le parezca a eso que usted está afirmando. Niego la mayor”, y reiteró que nunca intervino en licitaciones, pues su puesto de jefe de departamento sólo le permitía supervisar la producción de obras ya adjudicadas.
Durante las más de dos horas de sesión, Merino insistió en separar su labor técnica de cualquier manejos político o decisorio, subrayando que la elección de socios locales para UTEs era una práctica habitual en grandes empresas constructoras, sin implicar necesariamente irregularidad: “Es habitual que las empresas grandes vayan con algún socio local en Navarra y País Vasco para facilitar temas del mercado, pero jamás he participado en acuerdos sospechosos ni montajes empresariales fuera de la legalidad”.
El nombre de Koldo García Izaguirre apareció constantemente en la comparecencia: Merino reconoció haber coincidido con él en el proyecto privado de la mina de Muga, pero negó que su relación profesional se extendiera a maniobras corruptas, y rechazó haber sido el “nexo de unión” entre Acciona y los socialistas navarros o el propio Koldo: “Mi relación se limita a lo profesional y nunca he tenido influencia en licitaciones, ni con Cerdán ni con Ábalos”.
Entre las cuestiones más delicadas, los senadores insistieron en la presencia de facturas sospechosas en el bar Franky de Pamplona, presunta herramienta para pagos ilícitos según la UCO. Merino se defendió: “Todas las facturas son reales de comida, nunca hubo facturas falsas”.
La comparecencia también abordó los vínculos con adjudicaciones cuestionadas de viviendas protegidas y otras obras en Navarra, el supuesto papel de Santos Cerdán —hoy encarcelado— y la articulación de UTEs con empresas participadas por responsables socialistas locales. Merino remarcó: “Nunca he hablado con cargos del Gobierno de Navarra para obtener adjudicaciones; mis funciones se limitaron al control técnico y sólo supe de ciertas relaciones empresariales por la prensa”.
La comparecencia cierra otra intensa jornada de la comisión, bajo la sombra de las investigaciones de la UCO, con Merino reafirmando su inocencia y el Senado en busca de piezas clave para esclarecer la posible trama de corrupción que salpica a empresas, políticos y funcionarios en Navarra y otras comunidades. El juicio y las resoluciones pendientes determinarán el desenlace político y penal de un caso que pone en jaque la transparencia de las adjudicaciones públicas en España
