Los Gobiernos de La Rioja y Castilla y León han dado un paso significativo en la cooperación interterritorial en materia de emergencias y Protección Civil. La firma de dos nuevos protocolos busca mejorar la coordinación en la gestión de incidentes que se comunican a través del servicio 1-1-2 y en las situaciones de riesgo en el túnel de Piqueras (N-111).
Los acuerdos fueron rubricados por María Martín Díez, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, y Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. El acto subraya el compromiso de ambas comunidades con la seguridad y una respuesta "rápida, eficaz y solidaria", entendiendo que las emergencias no reconocen fronteras.
Coordinación estratégica en el 1-1-2 y en Piqueras
El primer protocolo formaliza el procedimiento de actuación para los centros de emergencias 1-1-2 de ambas regiones. Este acuerdo garantiza que los incidentes en zonas limítrofes sean gestionados por la comunidad donde se localizan, establece la comunicación inmediata de la información y regula la activación coordinada de los servicios de emergencia. Para asegurar la máxima agilidad, en caso de duda competencial, el incidente será gestionado por el centro receptor de la llamada.
El segundo protocolo se centra en la coordinación funcional de las operaciones en el túnel de Piqueras, una infraestructura crítica que conecta ambos territorios. El documento define la actuación de los equipos de rescate, establece la jefatura del Puesto de Mando Avanzado (PMA) según el incidente y prevé la constitución de un comité de dirección conjunto si se activan planes de protección civil de ambas comunidades.
Roberto Varona, de la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil de La Rioja, ha destacado que estos acuerdos consolidan un sistema ya eficaz y tienen como objetivo que todos los recursos humanos y materiales estén perfectamente coordinados para ofrecer una respuesta rápida, segura y eficiente a la ciudadanía.
Ambos protocolos tendrán una vigencia inicial de cuatro años e incluyen la creación de una comisión de seguimiento para garantizar su cumplimiento y promover su mejora continua.
