El Parlamento de Navarra ha celebrado este viernes la Jornada Conmemorativa del 25º aniversario del Consejo de Navarra, un acto que ha reunido a más de un centenar de asistentes —entre ellos presidencias de órganos consultivos autonómicos, representantes institucionales, juristas y responsables de la Administración foral— para reivindicar la labor de un órgano que, desde 1999, se ha convertido en pieza clave del autogobierno.
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha inaugurado la jornada subrayando que el Consejo de Navarra “contribuye a que las decisiones de nuestras instituciones sean más solventes y, por tanto, mejor respetadas”. Ha recordado que, en estos 25 años, sus veinte integrantes han emitido 1.271 dictámenes, “una producción jurídica más que notable” para un órgano compuesto hoy por cinco miembros. Chivite ha destacado su independencia e imparcialidad en un tiempo “en el que es evidente que hay una agenda deslegitimadora de los poderes del Estado”.
La presidenta del propio Consejo, Ana Clara Villanueva Latorre, ha centrado su intervención en “la importancia de lo jurídico” dentro de las instituciones forales. Ha defendido que la calidad normativa, la seguridad jurídica y la buena administración “son derechos de la ciudadanía” y ha insistido en que el Consejo ofrece “un buen consejo, de esos que se dan a quien se ama y se respeta”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha puesto en valor la función consultiva como “espacio de reflexión, prudencia e imparcialidad” en un contexto que ha calificado de “peligroso y frívolo”, marcado por la polarización. “Cuando el derecho acompaña a la política, la ciudadanía puede estar tranquila”, ha afirmado, reivindicando instituciones fuertes que permanezcan “más allá de las modas”.
Tras las intervenciones institucionales, la jornada ha continuado con tres conferencias dialogadas sobre el pasado, el presente y el futuro del órgano consultivo.
La primera ha recorrido la trayectoria histórica del Consejo Real de Navarra desde la Edad Media hasta su desaparición en 1836. De la mano de Rafael Lara González, Mikel Lizarraga, Roldán Jimeno y Mercedes Galán, se ha puesto en valor su consolidación en el siglo XV como instancia judicial superior y su defensa del Fuero Navarro frente a conflictos como los mantenidos con la Inquisición.
La segunda mesa ha analizado los 25 años de actividad del actual Consejo de Navarra. El consejero Hugo López ha repasado su evolución y principales datos, mientras que Asunción Erice ha destacado las reformas introducidas por la Ley Foral 8/2016, entre ellas el reparto sucesivo de ponencias para asegurar la equidad en la carga de trabajo y las cautelas reforzadas para garantizar la independencia y reconocido prestigio de sus miembros. Socorro Sotés ha abordado la incorporación de las mujeres al órgano —un hito alcanzado en 2013— y la consolidación del lenguaje jurídico inclusivo en sus dictámenes.
La última conferencia, presentada por la consejera Inés Olaizola, ha mirado al futuro del Consejo. José Luis Goñi Sein, consejero durante años y presidente saliente, ha abogado por reforzar su función preventiva mediante una revisión del marco de consultas preceptivas, una sede más representativa y una mejora de su comunicación pública. También ha defendido una mayor implicación en la técnica normativa, la tutela efectiva de los administrados y el impulso de la transparencia.
El presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha sido el encargado de cerrar la jornada. Ha subrayado el “rigor y prestigio incontestables” del Consejo de Navarra, recordando que sus dictámenes “pueden incomodar” tanto al legislativo como al ejecutivo, pero que esa es precisamente su razón de ser: “Ejercer sus funciones con autonomía orgánica y funcional y garantizar su objetividad e independencia”.
Hualde ha concluido que este aniversario supone “una reafirmación del compromiso con nuestro autogobierno, presente y futuro, como un camino decisivo para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía navarra”.
El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad Foral y vela por que las decisiones del Gobierno, del Parlamento, de las entidades locales y del sector público institucional se ajusten a la normativa y al interés general, ofreciendo asesoramiento jurídico a quienes lo soliciten.
