La gestión de los residuos urbanos en la Comarca de Pamplona ha vuelto al centro del debate público a raíz de una resolución del Defensor del Pueblo emitida el pasado noviembre, tras la queja presentada por una vecina usuaria de silla de ruedas que denuncia la imposibilidad de utilizar los contenedores actuales y la falta de respuesta por parte de la Mancomunidad.
Según el expediente, la afectada presentó en junio una instancia solicitando la instalación de contenedores adaptados y, de manera provisional, una autorización por escrito para poder dejar las bolsas de basura junto a los contenedores sin riesgo de sanción. Aunque desde la Mancomunidad se contactó telefónicamente con ella, comprometiéndose de forma verbal a interceder en caso de denuncia, nunca llegó a recibir una contestación formal por escrito, lo que motivó la queja a la Institución que dirige Patxi Vera.
La resolución del Defensor recuerda que, más allá de la viabilidad técnica o jurídica de las peticiones, la ciudadanía tiene derecho a recibir una respuesta motivada en tiempo y forma por parte de la Administración. En este caso, ese deber no se cumplió, vulnerando principios básicos recogidos en la legislación administrativa y en el derecho de petición.
Pero el fondo del problema va más allá del trámite burocrático. La dificultad de las personas con movilidad reducida para acceder de manera autónoma a los contenedores es una cuestión que se arrastra desde hace años y que, pese a estudios y pruebas piloto, sigue sin resolverse de forma efectiva. Las alternativas técnicas ensayadas en otras ciudades —como bocas de apertura a menor altura— no han ofrecido, por ahora, una solución plenamente satisfactoria y presentan también inconvenientes operativos y económicos.
La resolución del Defensor subraya que la accesibilidad universal no es una opción, sino un derecho reconocido tanto por la Constitución como por la Ley Foral de atención a las personas con discapacidad. En este sentido, se insta a la Mancomunidad a seguir analizando e implantando medidas que permitan que todas las personas, con independencia de su condición física, puedan utilizar los servicios públicos en igualdad de condiciones.
Mancomunidad dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta estas recomendaciones y qué actuaciones concretas prevé adoptar.
