El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "más enérgica queja" por las afirmaciones del magistrado Juan Carlos Peinado en una resolución conocida este sábado, en la que, a juicio del ministerio, realiza un "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
El auto del juez Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alude a la posibilidad de que agentes de la escolta presidencial pudieran colaborar en una hipotética fuga o en actuaciones encaminadas a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, y menciona asimismo la retirada de un pasaporte. Estas afirmaciones han provocado una respuesta inmediata y unánime por parte de las organizaciones sindicales policiales.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha expresado su "absoluto rechazo" a cualquier manifestación que ponga en duda "la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad" de los agentes que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades. El sindicato ha subrayado que estos funcionarios acceden a sus puestos tras superar "rigurosos procesos de selección y formación" y actúan en todo momento bajo estrictos protocolos y sujetos a los principios de neutralidad política, objetividad e imparcialidad. El SUP ha concluido que "la Policía Nacional no es un riesgo para el Estado de Derecho; es una de sus principales garantías".
En términos similares se ha pronunciado Jupol, que ha calificado de "auténtica barbaridad" sugerir que los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación contraria a la acción de la Justicia. El sindicato ha exigido "una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".
Por su parte, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha calificado el auto de ataque "injustificado" a quienes desempeñan una labor esencial para el funcionamiento de las instituciones democráticas, y ha recordado que la obediencia debida a órdenes ilegales quedó abolida en España desde 1995. El SRP ha solicitado que las referencias en cuestión sean eliminadas del auto o rectificadas "por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia", y ha advertido de que señalamientos sin fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a "la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía".
