El Comité de Bioética de la Comunidad Foral de Navarra ha publicado un informe de análisis ético sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en el Centro de Observación y Acogida de Marcilla, un recurso que lleva años en el centro de la controversia social y política en la comunidad foral. El documento, elaborado tras una visita al propio centro y una reunión con la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, concluye que ni el cierre del centro ni la pasividad institucional son respuestas éticamente aceptables, y reclama un modelo de intervención integral que conjugue protección de los menores y convivencia comunitaria. Casi de forma simultánea, el parlamentario de UPN Mario Fabo, ex alcalde de la localidad, ha presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno de Navarra para que concrete una de las afirmaciones más controvertidas del informe.
El COA de Marcilla: un centro que triplicó su capacidad
El centro, ubicado en un antiguo convento de Marcilla, un municipio de unos 2.300 habitantes, fue habilitado inicialmente para unos 20 menores, aunque en distintos momentos llegó a albergar a más de 70. A lo largo de los años han pasado por sus instalaciones alrededor de un millar de jóvenes, en su mayoría varones procedentes del norte de África y del África subsahariana. La gestión está externalizada a una empresa privada con sede fuera de Navarra.
Desde su apertura se han producido fugas recurrentes e incidentes de convivencia en el propio centro y en espacios públicos del municipio. La tensión social fue en aumento: el ayuntamiento, inicialmente contrario a la estigmatización de los menores, acabó adoptando una postura favorable a su traslado. Se organizaron manifestaciones y, como medida preventiva, se restringió el acceso de los jóvenes a instalaciones municipales como la piscina, confinando a gran parte de ellos dentro del recinto.
El informe del Comité reconoce la existencia de conductas problemáticas en algunos menores —impulsividad, altercados, pequeños hurtos y consumo ocasional de estupefacientes— pero también apunta que en determinados casos los jóvenes no iniciaron los conflictos, sino que respondieron a provocaciones externas deliberadas. Es precisamente esta afirmación la que ha encendido la mecha parlamentaria.
UPN pide que el Gobierno concrete las "provocaciones externas deliberadas"
El parlamentario foral Mario Fabo ha presentado cinco preguntas escritas al Ejecutivo navarro exigiendo que detalle qué fueron exactamente esas provocaciones, en qué fechas se produjeron, qué incidentes generaron, quiénes fueron sus responsables y cómo se ha constatado su existencia. La pregunta, registrada el 17 de junio, apunta directamente a una frase del informe que, en opinión de UPN, requiere una respuesta concreta y documentada, y no puede quedar como una afirmación genérica sin respaldo.
El propio documento del Comité asegura que parte de los incidentes fueron amplificados por medios de comunicación con un enfoque sesgado y sensacionalista, y que las redes sociales contribuyeron a extender una narrativa que vinculaba inmigración e inseguridad.
Otro párrafo, que UPN considera polémico asegura textualmente que "en determinados casos se constató que los menores no iniciaron los conflictos, sino que respondieron a provocaciones externas deliberadas”.
Qué propone el Comité
Frente a quienes reclaman el cierre o el traslado del centro, y frente a quienes defienden mantener la situación sin cambios, el Comité de Bioética se decanta por lo que denomina cursos de acción intermedios: reducir el tamaño del centro o crear unidades de convivencia más pequeñas, reforzar la plantilla con personal cualificado en interculturalidad, implementar apoyo psicoemocional con enfoque en el trauma migratorio, diseñar planes de transición a la vida adulta, mejorar la comunicación institucional con la comunidad y distribuir de forma más equitativa la acogida entre distintos municipios.
El informe también señala una carencia que resulta llamativa: cuando los menores cumplen el plazo máximo de seis meses en el centro, en algunos casos abandonan el recurso sin que exista información clara sobre su itinerario posterior, su inserción laboral o su estado de salud mental.
El documento subraya además que, según observatorios independientes, los menores no acompañados no presentan una tasa de participación en actividades delictivas mayor que la de otros grupos sociales en condiciones socioeconómicas similares, y que es la vulnerabilidad socioeconómica, y no la condición de inmigrante, el factor determinante.
