Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dispuso de fuentes de ingresos no declaradas que supusieron importantes beneficios económicos para él y su entorno. Los agentes cifran estas cuantías en, al menos, 323.178,41 euros obtenidos entre los años 2015 y 2024, en el marco de la causa judicial que investiga presuntos amaños en la concesión de obra pública dentro del caso Koldo.
Financiación de partidos políticos y el entramado empresarial de Servinabar
La investigación de la Benemérita sostiene que los fondos se canalizaron a través de ingresos realizados por Koldo García y su esposa, Patricia Uriz, así como mediante pagos en forma de nómina a la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, por medio de la empresa Lorgen Genética. Esta firma está vinculada a Servinabar, una compañía de la que los agentes hallaron documentación que evidencia la participación de Cerdán, a pesar de que el político negó ser su propietario.
El análisis bancario revela que el 87,04% de los ingresos de Servinabar proceden de la compañía Acciona o proyectos vinculados. Las disposiciones de efectivo y los gastos con tarjeta bajo sospecha aumentaron a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y la adjudicación de los expedientes objeto de investigación a Acciona Construcción.
Casos de corrupción en España y el control judicial de fondos bajo sospecha
El informe policial también recoge que Servinabar llegó a negociar a principios de 2022 la compra de un inmueble en Madrid para el dirigente socialista por un valor cercano al millón de euros. Aunque la operación no se materializó porque la parte vendedora se retiró, los investigadores consideran que este movimiento demuestra la plena disposición que el ex número tres del PSOE tenía sobre los fondos de dicha sociedad.
Ante la estrecha relación y los indicios de que estos fondos también beneficiaron a su esposa, hija, hermana y cuñados, la UCO ha solicitado formalmente a la Autoridad Judicial el acceso a la información financiera y el movimiento de las cuentas corrientes de los familiares de Santos Cerdán, requiriendo mandamientos específicos a cinco entidades bancarias.
