Islandia ha rechazado este sábado en las urnas reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, suspendidas desde hace más de una década. En un referéndum celebrado el 29 de agosto, el "no" se ha impuesto con el 52,5% de los votos (99.037 sufragios), frente al 47,5% (89.459 votos) que respaldó la reapertura de las conversaciones con Bruselas, según los datos provisionales de la radiotelevisión pública islandesa, RÚV.
La diferencia de aproximadamente cinco puntos porcentuales a favor del rechazo, escrutado cerca del 90% de los votos, se consideró irreversible a falta del recuento final en la circunscripción suroeste, donde el vuelco era matemáticamente imposible según las estimaciones de RÚV. La cadena pública emitió su veredicto en la madrugada del domingo: "La nación rechaza las negociaciones de adhesión a la UE".
Alrededor de 273.000 islandeses estaban llamados a las urnas, con una participación que rozó el 80%, similar a la de las elecciones legislativas. La jornada electoral transcurrió sin incidentes entre las 09:00 y las 22:00 horas.
Un resultado que da un vuelco a los pronósticos
El resultado ha supuesto un cambio de rumbo respecto a los pronósticos iniciales. Durante meses, los sondeos habían otorgado una ventaja al bando europeísta. Sin embargo, en la recta final de la campaña las expectativas se invirtieron: la última encuesta, publicada el viernes por Gallup, situó por primera vez al "no" en cabeza, con un 51,6% en contra frente al 48,4% a favor. Otra encuesta de la consultora Maskína, difundida también la víspera, daba una ventaja de ocho décimas al "sí", lo que auguraba un resultado de pronóstico reservado.
El escrutinio confirmó ese giro de tendencia. El "sí" solo se impuso en las dos circunscripciones de Reikiavik —con el 56% de los votos—, mientras que el "no" arrasó en las tres circunscripciones rurales (Sur, Noroeste y Noreste). La ventaja europeísta en la capital no fue suficiente para compensar el rechazo del resto del país.
Qué se votaba (y qué no)
La pregunta sometida a consulta era directa: "¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?". Las opciones eran simplemente "sí" o "no".
Un resultado favorable no habría garantizado la adhesión de Islandia a la UE, sino únicamente la reanudación de un proceso negociador con Bruselas cuyos términos se habrían sometido después a un segundo referéndum, posiblemente en 2028. La Unión Europea habría requerido al menos dos años de negociaciones antes de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo, además, debería haber sido ratificado por los 27 Estados miembros.
La victoria del "no" frena en seco toda posibilidad de que Islandia se convierta en el 28.º miembro de la UE y cierra, al menos hasta dentro de varios años, el debate sobre la integración europea del país nórdico.
Los argumentos del "no": pesca, soberanía y desconfianza hacia Bruselas
La protección de los caladeros islandeses fue el gran argumento del rechazo. La pesca genera el 40% de las exportaciones de Islandia y representa aproximadamente el 7% del PIB nacional. Los euroescépticos advirtieron del riesgo de someter las aguas islandesas a la política pesquera común de la UE.
La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, había establecido como líneas rojas innegociables la gestión de los recursos pesqueros, el reparto de cuotas y las restricciones a la propiedad extranjera. Los comisarios europeos Costas Kadis(Pesca) y Marta Kos (Ampliación) prometieron flexibilidad en estos asuntos. Pese a esas garantías, la ciudadanía optó por preservar el control exclusivo de sus aguas.
La líder del Partido de la Independencia, Gudrun Hafsteinsdóttir, principal fuerza de la oposición, sostuvo durante las últimas semanas de campaña que la integración europea no resolvería los problemas económicos del país y que solo los políticos islandeses podían remediarlos. El coste de vida —Islandia, con una inflación superior al 5% y tipos de interés del 8%, había desbancado a Suiza como el país más caro del mundo según el principal sindicato islandés, Viska— y la volatilidad de la corona islandesa fueron también ejes centrales del debate.
Los argumentos del "sí": seguridad y estabilidad
El Gobierno de centroizquierda, liderado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir desde finales de 2024, defendió la reapertura de las negociaciones invocando la necesidad de estabilidad y seguridad en un contexto geopolítico volátil.
Frostadóttir había anunciado inicialmente un referéndum para 2027, pero las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia —situada a unos 300 kilómetros de Islandia— le llevaron a acelerar la convocatoria. La primera ministra sostuvo que Islandia afrontaba una vulnerabilidad creciente que exigía estrechar de inmediato los lazos con Bruselas. Islandia es miembro fundador de la OTAN, no tiene ejército propio y cuenta con aproximadamente 400.000 habitantes.
Los partidarios del "sí" defendieron también que una eventual adopción del euro reduciría el coste de los préstamos y de las hipotecas, aliviando la presión económica sobre las familias islandesas.
Un contexto histórico marcado por idas y venidas
La relación de Islandia con la UE ha sido tortuosa. Tras el colapso de su sistema bancario en 2008, que devastó la economía del país, Islandia solicitó formalmente su adhesión a la Unión Europea en 2009. Las negociaciones avanzaron sustancialmente: de los 33 capítulos que componen el proceso de adhesión se abrieron conversaciones en 27 y en once se cerraron acuerdos provisionales.
Sin embargo, en 2013 un Gobierno euroescéptico paralizó las negociaciones. Dos años después, en marzo de 2015, el Ejecutivo conservador comunicó a Bruselas que Islandia ya no debía ser considerada país candidato. La Comisión Europea, no obstante, considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura.
La coalición gobernante desde 2024 incluyó en su pacto de gobierno la convocatoria de un referéndum para decidir si continuaba el proceso de adhesión, al considerar que nunca se había consultado directamente a la población islandesa sobre esta cuestión.
Un revés para Bruselas y para el Ártico
El resultado supone un duro revés para la Unión Europea. Bruselas aspiraba a incorporar a un nuevo contribuyente neto —Islandia habría sido el primero en ingresar en la UE desde 1995, año en que lo hicieron Suecia, Finlandia y Austria— y a reforzar su presencia en el Ártico, un escenario cada vez más disputado por el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas y la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China por los recursos naturales.
Islandia habría sido, además, el primer país en ingresar en la UE desde Croacia en 2013. Bruselas parecía dispuesta a llegar a un compromiso con Reikiavik en las cuestiones más espinosas para facilitar la adhesión, pero la voluntad popular ha truncado esa posibilidad.
¿Qué pasa ahora?
El Gobierno de Frostadóttir se había comprometido a respetar el resultado en caso de victoria del "no". La posibilidad de que Islandia se convierta en miembro de la UE queda, por tanto, frenada de forma indefinida, y la cuestión europea quedará probablemente aparcada al menos hasta 2028.
Islandia continuará siendo, no obstante, uno de los socios más estrechos de la Unión Europea: mantiene su pertenencia al espacio Schengen, su integración en el Espacio Económico Europeo junto con Noruega y Liechtenstein, el pleno acceso al mercado único europeo y la obligación de adoptar gran parte de la legislación comunitaria —sin participar en su elaboración—. En definitiva, seguirá aplicando normas europeas que no ayuda a escribir.
