Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han tramitado diligencias penales y denuncias administrativas contra siete personas por un violento altercado ocurrido en la avenida de Madrid de Lardero (Logroño). El conflicto se originó tras el intercambio de una moto acuática por un turismo.
Los implicados, un grupo de hombres de entre 24 y 38 años con antecedentes policiales y procedentes de Santander y Bilbao, se desplazaron a La Rioja tras concertar una cita con un vecino de Lardero. El conflicto surgió cuando el receptor de la moto descubrió que esta acumulaba más de 300 horas de uso, superando ampliamente lo que se le había indicado.
Sintiéndose estafado, el comprador organizó el viaje a Lardero junto a otros individuos con la presunta intención de "ajustar cuentas" con el responsable del engaño, según informaron fuentes de la Guardia Civil.
La intervención policial se activó tras una llamada de alerta a la Central Operativa de Servicios (062) que informaba de un altercado y de un ciudadano que estaba siendo amenazado por un grupo numeroso de personas en la avenida de Madrid de Lardero.
Dotaciones de Seguridad Ciudadana y agentes del Grupo de Investigación de Logroño se desplazaron de inmediato, procediendo a la interceptación de ocho personas que se encontraban en el interior de dos turismos.
Durante el registro de los vehículos, los agentes encontraron un espray de defensa entregado voluntariamente por uno de los implicados. Además, se localizaron diversas armas prohibidas y objetos contundentes, como un hacha, una pata de cabra, un palo de golf, dos defensas extensibles y una barra de hierro. También se intervinieron dos placas de hachís con un peso total de 100 gramos.
La identificación de los implicados reveló que uno de ellos tenía en vigor una orden de búsqueda, personación y detención emitida por un juzgado de Medio Cudeyo (Cantabria), procediéndose a su detención.
Contra siete de los implicados se tramitaron actas-denuncia por portar, exhibir o usar armas prohibidas conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las diligencias penales han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
