La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este martes un amplio operativo anticorrupción con registros en Valencia y en varias provincias, incluyendo Navarra, en el marco de la investigación sobre presuntas comisiones ilegales a cambio de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
Según ha avanzado laSexta, los agentes de la UCO han irrumpido a las siete de la mañana en el domicilio del exministro en Valencia, donde han permanecido durante horas en busca de pruebas relacionadas con el supuesto pago de comisiones en obras públicas, especialmente aquellas adjudicadas durante la gestión de Ábalos al frente del Ministerio. La operación ha sido ordenada por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del conocido como caso Koldo, y en el registro ha estado presente una abogada de confianza del exdirigente socialista.
Las pesquisas se centran en esclarecer si Ábalos, quien también fue secretario de Organización del PSOE, pudo beneficiarse de mordidas procedentes de constructoras a través de intermediarios como Koldo García, su exasesor, y el empresario Víctor de Aldama, ambos imputados en la trama.
Constructoras navarras bajo la lupa
El operativo no se ha limitado a Valencia. La UCO también ha registrado varias empresas constructoras en Navarra y otras comunidades, presuntamente beneficiadas por la adjudicación irregular de contratos de obra pública. Según fuentes jurídicas citadas por laSexta, los investigadores buscan documentación que acredite el pago de comisiones ilegales y la existencia de contratos "preadjudicados" a determinadas empresas, tal como denunció el propio Víctor de Aldama en base a manuscritos de Koldo García.
Una investigación bajo secreto y con ramificaciones políticas
La operación de este martes forma parte de una pieza separada y secreta del caso Koldo, abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y supone un salto cualitativo en la investigación, ya que es la primera vez que el Tribunal Supremo ordena el registro del domicilio de Ábalos. El exministro, actualmente diputado del Grupo Mixto, ha negado en reiteradas ocasiones haber cobrado comisión alguna, pero la Guardia Civil ha incautado su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos, además de documentación relevante para la causa.
La investigación, según laSexta, se apoya en los testimonios y documentos aportados por Aldama, quien entregó un listado de contratos públicos supuestamente amañados y adjudicados a empresas vinculadas a la trama.
El caso sigue bajo secreto de sumario y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el alcance de la operación y el volumen de pruebas incautadas en los registros.
